Por: Dra. Candela Sialle*
Se escucha reiteradamente que la problemática de las adicciones demanda abordajes complejos. En el adjetivo “complejo” pululan diversas interpretaciones que raramente son especificadas. Es oportuno arrojar luz sobre las consecuencias concretas que en la gestión técnico-política de la provincia de Santa Fe ha supuesto el discurso hegemónico de la complejidad del fenómeno de las adicciones.
El desmadre público del fenómeno del uso y abuso de sustancias psicoactivas lejos de llevar a un replanteo en torno al rumbo elegido por el ejecutivo provincial, ha supuesto reafirmar las medidas implementadas desde 2008. La gestión de Hermes Binner sentó la decisión política de trasladar el problema de la agenda de Salud Pública a la de Promoción Comunitaria.
Dicha decisión implicó e implica contrariar lo recomendado por la normativa (provincial y nacional) vigente en la materia que, siguiendo la perspectiva científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), concibe al consumo tóxico como problema de Salud Pública. Pero fundamentalmente, supuso el abismal recorte de presupuesto para abordar la problemática.
En nombre de la “complejidad” se abortó en la Salud Pública y en la Dirección Provincial de Salud Mental cualquier intención de operar sobre el problema de las drogas. Hecho ilustrativo fue el cierre de la última de las Casas del Sol. Estas instituciones públicas, aún con desaciertos, pervivían como únicos espacios genuinamente estatales para el tratamiento de adictos sin cobertura médica. El argumento para su definitiva erradicación en 2008 fue que ellas “manicomializaban” o “cronificaban” al adicto. En su remplazo se instauraron algún que otro Centro de Día con recursos humanos reclutados del mundo cultural, porque ahora el tratamiento rehabilitatorio se basaría en la educación/inclusión por el arte. Por supuesto, los docentes a cargo de talleres en relación contractual precaria, facturando al fisco como autónomos, remitían costos muy inferiores al que demandaría la dotación de plantas permanentes en los hospitales generales y hospitales psiquiátricos, constituida por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros, entre otros.
El incremento dramático del consumo obliga a realizar un balance en torno a lo obrado por el Estado provincial en los últimos años. Sin desestimar las aristas sociales, económicas, culturales y políticas, asumiendo los aportes de la cultura y el arte en cualquier tratamiento para el sufrimiento físico y psíquico derivado del consumo, resulta imperioso revisar el paradigma de trabajo vigente en la provincia. Es un desafío técnico y político reinsertar al problema en la agenda de la Salud Pública conforme al espíritu de la ley provincial de Salud Mental de 1991 y a la Ley Nacional de Salud Mental de 2010.
En nombre de una vaga idea de complejidad que entroniza las virtudes de abordajes alternativos, en verdad se ha consolidado un esquema neoliberal que desobliga al Estado de sus responsabilidades privatizando la asistencia en clínicas y centros médicos, alimentados en buena medida por el Estado nacional mediante la erogación de recursos a la provincia, a modo de becas individuales, que administra la provincia sin ninguna auditoría.
* Doctora en Ciencia Política
