Los defensores de dos de los cinco acusados del caso «Carbón Blanco», el contrabando de una tonelada de cocaína a Europa descubierto en 2012, pidieron hoy la absolución por considerar que hubo fallas en el procedimiento que dio inicio a la investigación y que las pruebas son nulas, por lo que se trató de una «causa armada».

Así se manifestaron los abogados de los imputados Juan Carlos Pérez Parga (60) y Carlos Salvatore (58), sindicado líder de la organización, en sus respectivos alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Eduardo Belforte, Luis González y Aldo Alurralde.

Luis Sasso, defensor de Salvatore, aseguró que la droga no fue cargada en la planta de la firma Cabrón Vegetal El Litoral situada en la localidad chaqueña de Quitilipi, sino que pudo haber sido incluida en los contenedores en la ruta desde allí a la ciudad de Buenos Aires, o bien en el puerto, donde se embarcó hacia Portugal, entre noviembre de 2011 y marzo de 2012.

El abogado también acusó por falso testimonio a los policías chaqueños, Jesús Ojeda y Jesús De la Cruz, y al subdirector de Control de la Aduana, Silvio Mancini, quienes participaron de diversos procedimientos en Portugal y declararon como testigos en el juicio.

Para Sasso, estos testigos mintieron cuando afirmaron que ellos no tuvieron contacto con los nexos de la banda argentina en Europa, Rolando Angel Di Renzo y Leonardo Prodán, ya que estuvieron en Portugal en las mismas fechas en la que aquellos dos declararon como imputados.

El defensor sostuvo que se trató de una «causa armada» ya que insistió en que tanto Prodán como Di Renzo aceptaron declarar ante la justicia portuguesa en momentos en que los policías y el agente aduanero se encontraron en ese país europeo y que lo hicieron involucrando a los cinco imputados en Chaco a cambio de «beneficios» en las condenas.

De hecho, Di Renzo y Prodán fueron condenados a 12 y 9 años de prisión, respectivamente por el tráfico de cocaína a Portugal.

De acuerdo al alegato de Sasso, tanto Prodán como Di Renzo reclamaron dinero a Salvatore para no declarar en su contra por lo que se inició una causa por extorsión en la justicia federal de Presidencia de Roque Sáenz Peña, donde se originó el expediente «Carbón Blanco».

Además, tanto Sasso como el abogado Carlos De Césare, defensor de Pérez Parga, pidieron la nulidad de diversas pruebas recolectadas por la Policía del Chaco ya que, según ellos, no debió intervenir esa fuerza en los allanamientos sino la Gendarmería u otra fuerza federal cuando eran ordenados por la Justicia de Primera Instancia fuera de la provincia.

Tras las exposiciones de Sasso y De Césare, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta mañana cuando alegará el abogado Claudio Lischfitz, codefensor de Salvatore, quien adelantó que basará sus planteos en las declaraciones Di Renzo y Prodán.

Asimismo, si el codefensor termina a tiempo su alegato, el juicio continuará la misma jornada con las réplicas del fiscal Federico Carniel a los planteos de los defensores.

Junto a Salvatore y Pérez Parga -gerente de producción de Carbón Vegetal del Litoral-, son juzgados el empresario Patricio Gorosito (64), el dirigente Héctor Roberto (61) y el capataz de la planta de Quitilipi, Rubén Félix Esquivel (56).

La semana pasada, los defensores de los últimos tres acusados también solicitaron la absolución por falta de pruebas y que la causa sea declarada nula.