Por Alejandro Maidana
“Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios.” Eduardo Galeano
La pandemia por la proliferación del covid-19, ha disparado una serie de debates medulares sobre una diversidad de temas tan amplia como necesaria. Un paradigma para nada familiar y poco amigable, que hace mella en una cotidianeidad que ha mutado de manera radical.
En ese marco, las distintas subjetividades han salido a contrarrestar la toma de decisiones que provienen tanto del ejecutivo, como de la propia justicia. En los últimos días se ha contemplado una avanzada mediática encarnizada para repudiar la posibilidad de que los privados de su libertad (con excepciones) puedan contar con la prisión domiciliaria y el uso de tobilleras para su control.
La sociedad se vio nuevamente resquebrajada, por un lado se encuentran aquellos que se oponen rabiosamente a esta posibilidad (así ésta sea legítima), y los que consideran prudente bajar el número de internos, considerando que el hacinamiento representa una verdadera bomba de tiempo para el virus circundante, sumado a que los mismos vienen reclamando el derecho adquirido de poder abandonar la prisión por haber cumplido las normativas que exige la pena.
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Una situación cuanto menos angustiante que se ramifica a lo largo y ancho del planeta, dando por tierra algunas teorías conspiranoicas y de escaso sustento racional, como la de la senadora de Juntos por el Cambio, Felicitas Beccar Varela, quién sostuvo que “el gobierno de Alberto Fernández tiene un plan estratégico para liberar a los presos y armar patrullas que amenacen a jueces y expropien el capital”. Un verdadero despropósito que solo puede sorprender a los desatentos, ya que esta misma mujer, no tuvo reparo alguno de burlarse no mucho tiempo atrás, de la búsqueda de Santiago Maldonado.
Lo concreto es que países como Indonesia, Irán, Brasil, Turquía, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, España y Colombia entre otros, han liberado a miles de prisioneros basados en que <las cárceles son una catástrofe potencial, por el peligro de contagios dentro de los establecimientos dado que no hay marco para distanciamiento alguno y concretos peligros de infecciones hacia afuera>.
Distintos continentes, distintas ideologías, pero la misma línea de conducta a la hora de tomar una decisión que por más espinosa que sea, goza de una legitimidad manifiesta. El contexto de encierro en condiciones tan deshumanizantes como anticonstitucionales en el que se encuentran las cárceles de la Argentina, representa una problemática que debe tratarse con la profundidad y responsabilidad que merece.
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Las distintas prisiones de nuestro país están repletas de internos que han incurrido en delitos menores, robos, tentativas de robo, hurtos y tentativas. Es decir, que sostener que las cárceles están repletas de monstruos es un grosero error alarmista, ya que estos lúgubres lugares, desbordan de gente que comete delitos contra la propiedad, que se droga, o que vende cantidades mínimas de estupefacientes como modo de ganarse la vida. Otro dato escalofriante que habla de la desidia en la que está envuelta la justicia, es que casi el 60% de los privados de su libertad, aún no han sido condenados.
Grupos que se están considerando:
– En situación de riesgo sanitario, caso a caso.
– Con derecho a libertad condicional (2/3 de condena cumplida), asistida (le faltan 6 meses para terminar la condena), salidas transitorias (mitad de condena, salen y vuelven).
– Con condenas menores a 3 años.
– Que superen los dos años de prisión preventiva, o con prisión preventiva por delitos no violentos.
– Próximos a cumplir su condena en casos de delitos no violentos.
– Mujeres embarazadas y con sus hijos en prisión.
Con la intención de aportar claridad ante tanto manoseo mediático y político, Conclusión dialogó con Mauricio Manchado, subdirector de la Dirección Socioeducativa en contextos de encierro en el área de DDHH de la Universidad Nacional de Rosario. “El trabajo que venimos realizando desde el 2014 en Rosario, tiene que ver con un colectivo de talleristas en contexto de encierro llamado La Bemba del Sur. Dicho espacio fue teniendo distintos espacios de institucionalización en el marco de la universidad pública a la que pertenecemos todos y todas”, sostuvo.
– ¿En que se basa el trabajo realizado intramuros y cuál es su proyección?
– En primer lugar con proyectos de extensión, y después con el de educación en cárceles surgido en 2017, y en 2019 con la creación de la Dirección Socioeducativa en contextos de encierro en el área de DDHH de la universidad, en la cual formé parte en la calidad de subdirector. En términos ya individuales, yo ya venía iniciando un tránsito en calidad de investigador desde el 2006 con distintos trabajos en las cárceles del sur de la provincia. Primero fue como becario del Conicet desde el año 2008 al 2013, y luego en calidad de asistente primero y adjunto, como lo soy en la actualidad.
– ¿Cómo se pueden enmarcar las acciones impulsadas en las distintas prisiones?
– Vienen del campo de la comunicación, investigando cómo funciona el dispositivo religioso dentro de las prisiones, profundizando en la actualidad sobre los procesos educativos y culturales, ligado un poco a la función que tengo en la dirección. Desde siempre nuestra perspectiva de trabajo, estuvo anclada en los derechos, incluso por pensar en el derecho educativo y cultural, como un ejercicio imprescindible para poder mitigar la condición del encierro, el aislamiento y la privación de la libertad ambulatoria, a los que se le suman otros sufrimientos y daños originados por el encarcelamiento.
– ¿Cómo podemos entender el angustiante panorama que se vive en las distintas cárceles del país?
– Con respecto a la situación que estamos viviendo actualmente, y sin caer en la autoproclamación de definirme como visionario ni mucho menos, sino que solo con conocer el terreno, intuía que la situación se iba a ir complejizando, sobre todo cuando se comenzaron a tomar medidas vinculadas al cercenamiento de algunos derechos como es el caso de las salidas transitorias, de las libertades condicionales, asistidas y laborales, que de alguna manera interrumpieron ese régimen de progresividad que tiene la pena en nuestro país. Esto hizo que todas las personas que estaban teniendo distintas salidas, ya que muchas de ellas estaban en tiempo de hacerlas, se les vieran negadas quedando confinados en las mismas prisiones.
– Bajo este panorama nada amigable, imaginamos que los efectos que acarrea el encierro pueden llegar a ser arrolladores.
– Esto genera una situación de mucha fragilidad, ya que de darse un contagio dentro del penal, la posibilidad de aislarlo completamente sería imposible, debido a que la sobrepoblación en las cárceles suele superar el 25%. El hacinamiento es una problemática que aún no ha encontrado solución alguna, hoy es moneda corriente encontrar en celdas para dos personas hasta 3 o 4, en el mejor de los casos. Es imprescindible poner el foco en las medidas alternativas a la prisión que estamos proponiendo e impulsando desde distintas agrupaciones sociales y desde la misma universidad. Esto tiene que ver con descomprimir una situación preexistente a la pandemia, que no hace otra cosa que potenciar una problemática que ya venía siendo alertada. Es la cristalización de un montón de dificultades que refieren a la gestión de la vida en prisión, en el encierro, que tiene que ver con lo venimos hablando hace tiempo, la disparidad en el ejercicio de los derechos básicos.
– Las restricciones impulsadas debido a la pandemia también llegaron a las prisiones ¿Cómo han impactado las mismas en los internos?
– Cuando se pone en juego la suspensión de las visitas, o la reducción de los envíos de los paquetes, comienzan a emerger las falencias de un servicio penitenciario en términos estructurales, y más allá de las gestiones específicas, el mismo tiene muchos déficits. Las condiciones de higiene no se pueden asegurar solo por lo que el Estado provee, donde las condiciones de alimentación también son realmente malas en termino de las unidades, complementándose con las del exterior. Al cercenarse la posibilidad de colaboración alimenticia, es inevitable que el daño tanto físico como mental comience a ganar terreno. Una semana antes de que se decrete el aislamiento social obligatorio, ya teníamos impedido el ingreso a las distintas unidades, entendiendo que los actores sociales externos podíamos trasladar el virus hacia el interior, pero lamentablemente no se nos ha facilitado el ingreso para poder colaborar con el tránsito en el territorio.
– Bajo estas circunstancias ¿Cómo se reinventa el imprescindible trabajo que vienen realizando intramuros?
– En la actualidad estamos repensando la posibilidad de implementar una modalidad de estudio como las que se están llevando a cabo en el afuera, tratando de apelar a ciertos esquema de virtualidad y de envíos de materiales. Lamentablemente consideramos que va a resultar muy difícil aplicarlo, debido a que la comunicación se ha cercenado bastante en este tiempo, ya que en Santa Fe aún no se ha autorizado el ingreso de dispositivos móviles para que puedan comunicarse con sus familias, ya que las visitas han sido suspendidas.
– Después de las experiencias compartidas, imaginamos para donde se puede direccionar una necesaria reflexión sobre el momento que nos toca atravesar.
– La reflexión que uno puede hacer, es que hay una buena parte de la población carcelaria que se encuentra dentro de los cuadros de riesgo, no solo por sus enfermedades preexistentes, sino que además están a los que conocemos como <los pasados>, que son aquellas personas que cumplimentando todas las cuestiones legales y normativas de la prisión, están en condiciones de acceder a sus salidas transitorias, libertades asistidas o condicionales. Cabe destacar que estos ya estaban pasados previo a la pandemia, con lo cual estamos reclamando o planteando, que es algo estrictamente legal y que de hecho adquiere el carácter de <transgresión>, ya que se está transgrediendo el derecho de una persona a salir, por la excepcionalidad de la pandemia, pero esto ya venía sucediendo tiempo atrás.
– ¿Se puede pensar en otras alternativas que no estén emparentadas con el encierro por lo alienante del mismo?
– Los que estamos pensando en medidas alternativas a la prisión decimos, bueno, entonces empecemos a descomprimir las cárceles con estos casos, que son personas que en condiciones “normales” deberían legalmente estar afuera, ya que han cumplido los distintos puntos de su condena que le permiten gozar de la morigeración de la pena. El ingreso de este virus a las distintas prisiones puede generar una suerte de reacción en cadena que claramente puede hacer implosionar el sistema de salud pública que tanto se está cuidando en estos tiempos para no llegar a una situación que genere cierta crisis. Sabemos que el sistema sanitario siempre ha sido deficiente para los detenidos, con variaciones, ya que en la provincia de Santa Fe las distintas prisiones cuentan con diferentes realidades y muy específicas. Es por ello que le solicitamos al servicio penitenciario que garantice las medidas sanitarias, ya que el modo de <vida> dentro de los penales es deshumanizante.
– Parece ser que las únicas medidas que pueden llamar la atención del <afuera> son las huelgas de hambre y los motines ¿Esto responde a una lógica que tiene su anclaje en la falta de acceso al diálogo?
– Esto responde a un proceso lógico de la falta de escucha y de la generación de espacios para poder avanzar en estas cuestiones, que no solo tiene que ver con el rol del servicio penitenciario, sino también el papel de la justicia, que también nosotros como organizaciones hemos solicitado participación en estas mesas institucionales, sin tener respuesta alguna para al menos poder plantear nuestra mirada. Es por ello que debemos interpelar los tiempos de estas instituciones, ya que en muchas oportunidades la demora repercute en la pérdida de la vida de alguien, de hecho en Santa Fe ya llevamos siete muertes desde que comenzó la pandemia, no por el coronavirus, pero si por efectos colaterales al mismo. El reclamo es legítimo, y es preciso destacar que el papel de la justicia y la política en términos de las decisiones que se deben tomar, están yendo por un carril que no es precisamente el que nosotros estamos pidiendo, ya que no se ha tomado en cuenta el trabajo que venimos realizando en el territorio y pensando en relación a las cárceles.
Dejando de lado los distintos posicionamientos, el terreno se encuentra allanado para poder sembrar un debate sumamente necesario en torno a cuál debería ser el rol de las cárceles. Sobre el mismo la Constitución Nacional sostiene en su artículo Nº 18 que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso” y que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
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Sin embargo, para muchos la seducción del castigo sigue siendo la única colectora que puede hacer amainar el dolor o generar una ficticia tranquilidad. Las cárceles solo se encuentran en condiciones de generar más angustias, de alienar, de deshumanizar aún más a quiénes han llegado hasta ella debido al cercenamiento de sus derechos básicos en su lugar de origen.
Un reservorio de pobres que busca de manera persistente, mostrarle al afuera que la pauperización de la vida, es algo antojadizo y con capacidad de ser revertido. Está sumamente demostrado que los países más seguros, son aquellos que menos desigualdad cargan en su vientre.
Por último, es menester compartir una definición más de Mauricio Manchado en un imprescindible escrito reflejado en El Corán y el Termotanque. “La idea de la prisión, que en sus orígenes, y en comparación a los suplicios provocados por el poder soberano durante los siglos XV y XVI, donde el castigo se materializaba en azotes y desmembramientos a los súbditos en la plaza pública, era un gesto humanitario. Nada ha cambiado con el correr de los siglos, si bien la pena de muerte se sigue aplicando de manera subjetiva.
