Por Alejandra Ojeda Garnero

Un nuevo capítulo se empezará a escribir en la triste historia sobre la muerte de Franco Casco. El pasado 12 de diciembre Carlos Vera Barros a cargo del Juzgado Federal Nº 3 ordenó la elevación a juicio, tras el pedido del fiscal Guillermo Lega de la Fiscalía Federal Nº 1. Se sentarán en el banquillo de los acusados un total de 19 policías, procesados con distintos grados de responsabilidad por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, ocurrida en octubre de 2014.

Del total de los agentes procesados, cuatro como presuntos coautores de los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, e imposición a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, de cualquier clase de tortura, seguida de la muerte de la víctima; siete como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima; seis en relación al delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, en calidad de partícipes secundarios; dos en orden al delito previsto y penado en el art. 277 inc. 1 -apartados b) que castiga a quien «ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer»- y e) que hace lo propio respecto a quien «asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito»-, con las agravantes del inc. 3 apartados a) y d) del mismo artículo. Por otra parte, fueron sobreseídos nueve policías por el delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima y otros tres por el delito de encubrimiento.

Desde el inicio de la causa, los efectivos, que cumplían distintas funciones en la comisaría 7ª, sostienen su «inocencia» y aseguran que se trata de «una causa armada».

Conclusión dialogó con Hugo Álvarez, hermano del comisario Diego Álvarez quien en el momento de los hechos era el jefe de la comisaría 7ª, lugar donde Franco Casco fue visto con vida por última vez. Entre las principales novedades sobre la causa es que «se presentó por parte de la defensa una recusación hacia el juez Vera Barros por una cuestión de parcialidad entre defensas y querellas».

Existen dos teorías, al menos un tanto contradictorias, sobre la sucesión de los hechos. Los interrogantes que se presentan apuntan a la fecha, horario, lugar y circunstancias de la detención de Franco Casco. También fue cuestionada la pericia odontológica, el resultado de la autopsia, un supuesto disparo que habría en el pantalón de Franco Casco. Los testimonios de los detenidos en la comisaría 7ª en el momento de los hechos, también fueron cuestionados por los familiares de los agentes.

Hugo Álvarez fue contundente e insiste en defender a su hermano y al resto de los policías procesados: «Hay una causa armada en torno a la muerte de Franco Casco, la cual se debería investigar», y agregó «sabemos que Franco murió ahogado en el río Paraná, que no tuvo un solo golpe en su cuerpo, por lo cual persistir obstinadamente con una acusación de tortura seguida de muerte, nos parece muy fuerte».

«Sostengo a rajatabla la inocencia de mi hermano y de sus compañeros, porque si fuera cierto que mi hermano cometió un crimen tan aberrante, estaría con el acompañándolo pero no saldría a poner la cara frente todos los medios que nos abrieron las puertas», enfatizó Hugo Álvarez, y agregó que «sostenemos la inocencia en base a las pruebas que hay en el expediente , se confirmaron más de cinco pericias sobre videos que lo mostraron a Franco Casco caminando por las calles de Rosario en momentos posteriores a los que los acusadores dicen que murió».

Además reclamó que «hay una laguna, no se sabe en qué momento murió, cómo murió (la autopsia expresa «causa indeterminada de muerte»), quién lo mató, quién lo sacó de la comisaría, quién lo tiró al río».

Familiares de los policías procesados insisten en demostrar su «inocencia». Para responder a todos estos interrogantes brindarán una charla abierta al público donde presentarán distintos elementos que incorporaron como pruebas que avalan su postura.

La charla se realizará el próximo lunes 16 de diciembre a las 20, en Urquiza 2152.

Hipótesis acusatoria

La teoría fiscal sostiene que Franco salió desde donde se encontraba alojado en Rosario hacia la Estación de Trenes Rosario Norte con la finalidad de regresar a Buenos Aires, a la casa familiar, el 6 de octubre de 2014 por la tarde. En los alrededores de la Estación habría sido apresado por efectivos de la Comisaria 7ma de la Policía de Santa Fe, sin conocerse las circunstancias de la detención. Según acreditó la investigación en la etapa de instrucción, el joven luego fue trasladado a la Comisaría 7ma, donde fue sometido a condiciones de detención ilegitimas en un «pequeño, oscuro y mugroso» espacio denominado «la Jaulita», donde el personal de la comisaria encerraba a los jóvenes que detenidos por averiguación de antecedentes. A partir del aporte de testimonios de otras personas detenidas se pudieron reconstruir golpes y fuertes gritos de auxilio del propio Casco. Luego «se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención».

Con la desaparición del joven frente a la búsqueda de paradero de la familia ocurrieron irregularidades por parte de los integrantes de la dependencia que quisieron ofrecer una versión alternativa para encubrir la desaparición forzada. Dichas maniobras de ocultamiento continuaron hasta el 30 de octubre, cuando la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo sin vida de Casco.