La Cámara Federal porteña ordenó hoy que se investiguen las comunicaciones del autor del peritaje falso en el caso en que se investigan supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), quien se encuentra a la espera de un juicio oral en su contra bajo la acusación de haber cometido el delito de falso testimonio en una causa judicial.
La decisión fue adoptada por el titular del tribunal de apelaciones, Martín Irurzun, tras entender que -en el marco de la investigación por el supuesto falso testimonio- restaban analizar diversos elementos que tendrían relación directa con el posible origen por el que el perito David Cohen habría desarrollado la conducta que se le reprocha.
Irurzun le ordenó al juez Sebastián Ramos, instructor de la investigación sobre Cohen, que profundice la pesquisa sobre las comunicaciones que el imputado habría mantenido en el periodo investigado para desentrañar la totalidad de la maniobra investigada; es decir, averiguar qué lo llevó a presentar el peritaje «trucho» en el caso del GNL.
La decisión se produjo tras un planteo de la querella del ex funcionario del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, quien había reclamado que se investigaran las comunicaciones de Cohen a pesar de que hubiera sido elevada a juicio oral la parte principal de la investigación vinculada con el delito de falso testimonio.
«Habrá de encomendarse al Señor Juez de grado que proceda a extraer testimonios de la presente causa para continuar con la investigación del camino oportunamente emprendido», sostuvo Irurzun en el fallo al que accedió Télam.
El planteo ante la Cámara Federal se produjo luego de que el juez Ramos elevara la causa a juicio y enviara el detalle de los contactos telefónicos del imputado al momento de elaborar el informe «trucho» al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga supuestas maniobras de inteligencia ilegal orquestadas, en su mayoría, contra empresarios y ex dirigentes kirchneristas.
El camarista Irurzun entendió que esa remisión de información no correspondía –toda vez que tampoco se hizo tras un planteo de incompetencia- y le ordenó a Ramos profundizar extraer testimonios y profundizar esa línea de investigación.
En el listado de llamadas entrantes y salientes del perito Cohen se habían detectado, por ejemplo, llamadas con estudios de abogados vinculados a dirigentes políticos que para las partes ameritaban ser investigas.
Cohen fue acusado de haber aportado información falsa, e incluso plagiada de trabajos universitarios, al expediente en el que se investigaron supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado, por el cual estuvieron detenidos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su segundo, Baratta, en 2017 por orden del juez Claudio Bonadio.
La pericia se hizo en el marco de una causa en la que se buscaba determinar el valor de «todos aquellos costos fijos (fletes, seguro, gastos portuarios, de licuefacción, etc) desde el año 2008 al mes de diciembre del año 2015, relacionado a todo proceso de regasificación de gas natural licuado respecto de los buques que arribaron con dicho fluido al país», según surge del expediente judicial.
Cuando lo procesó, en marzo de 2019, Ramos sostuvo que «Cohen ocupó un rol fundamental en el análisis de información que resultaba esencial para la investigación llevada adelante por el Dr. (Claudio) Bonadio», en referencia al papel que jugó el imputado en la causa del GNL por la que se dictaron procesamientos y detenciones.
La pericia trucha que había sido ponderada por Bonadio en el expediente, a pesar de las impugnaciones de las defensas, fue luego anulada por la Cámara Federal porteña e implicó que se revocara el fallo con el que ese juez había procesado, entre otros a De Vido.
