Causa Jeremías Monzón: histórico acuerdo institucional para el resguardo de las víctimas y el tratamiento de los menores
Tras una audiencia reservada, los fiscales Francisco Cecchini y Luis Schiappa Pietra destacaron la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Juvenil. Hubo consenso entre la Fiscalía, la querella y el Gobierno provincial para disponer medidas que, sin vulnerar la no punibilidad de los implicados, priorizan la protección de los damnificados.
En lo que fue calificado como un “antes y un después” para el plano jurídico de la provincia de Santa Fe, este miércoles se definieron las medidas de intervención para los menores de 14 años involucrados en la investigación por el crimen de Jeremías Monzón. La audiencia, de carácter estrictamente confidencial por disposición del magistrado interviniente, permitió alcanzar un acuerdo generalizado entre todas las partes sobre el destino y el abordaje integral de los jóvenes no punibles.
Al finalizar la jornada en los Tribunales, los fiscales Francisco Cecchini y Luis Schiappa Pietra brindaron detalles sobre el proceso, aunque bajo el fuerte hermetismo que imponen las normativas locales e internacionales de protección de la minoridad. “Se utilizaron todas las herramientas que brinda el Código Procesal Penal Juvenil”, explicó Schiappa Pietra, resaltando que la resolución fue fruto de un trabajo articulado entre el Poder Judicial y áreas del Ejecutivo como la Secretaría de Niñez y el Ministerio de Seguridad.
Uno de los puntos centrales del acuerdo fue la satisfacción de la representación de las familias de las víctimas. Según los fiscales, las medidas dispuestas fueron diseñadas pensando fundamentalmente en su protección. “Para nosotros fue una audiencia muy satisfactoria; logramos un acuerdo que permitió tomar medidas importantes sin lesionar la no punibilidad, pero resguardando los intereses de las víctimas”, señalaron ante la prensa.
A pesar de que no se pueden revelar detalles específicos sobre si los menores serán trasladados fuera de la provincia o institucionalizados, los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que las disposiciones abordan múltiples aspectos logísticos y de tratamiento que serán controlados por el tribunal y ejecutados por las áreas especializadas de la provincia.
Un precedente en la Justicia santafesina
La causa, descripta por los funcionarios como “muy significativa”, puso a prueba los mecanismos de coordinación estatal. La propuesta final, que fue aceptada por las defensas y la querella, se basó en los informes técnicos de la Secretaría de Niñez reforzados por la intervención de Seguridad.
“Estas audiencias muestran que podemos tener actividades coordinadas con distintos organismos del Estado que son relevantes y atinentes”, concluyó Cecchini, valorando el consenso alcanzado en un caso de alta sensibilidad social que marca un nuevo estándar en la aplicación de la justicia penal juvenil en la región.