Joaquín «El Paisa» Aquino, señalado como el sucesor del detenido narco Miguel Ángel «Mameluco» Villalba e investigado por la procedencia de la droga adulterada se negó a declarar ante la justicia federal y seguirá detenido. Mientras tanto Migraciones dispuso su expulsión del país.
Al tiempo que las víctimas faltas ascienden a 24 personas y son más de 80 las que resultaron intoxicadas en la zona noroeste del conurbano bonaerense.
El sospechoso fue indagado por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, quien le imputó los delitos de «tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra».
El acusado se negó a declarar y seguirá detenido a disposición del magistrado interviniente mientras se resuelve su situación procesal.
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Por esta causa, que se inició previo a las muertes por cocaína adulterada, también hay otros seis detenidos, entre ellos, Aldana Benítez, la pareja de Aquino; Alberto Medina y la mujer de este, Mónica Altamirano, quienes fueron indagados durante la tarde.
Una fuente judicial detalló que otros acusados hicieron su respectivo descargo sin responder preguntas y declarándose inocentes, entre ellos, Julio César Ferrari, quien «negó todo». De acuerdo a los pesquisas, este sospechoso está imputado de ser «el cocinero» de la droga y ya estuvo preso por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.
A su vez, otro de los detenidos fue identificado como Marcelo Canhue, a quien se acusa de ser uno de los que guardaba la droga antes de que fuera distribuida y comercializada. Mientras que el último de los acusados se trata de Jonathan Granero, quien al igual que Aquino y el resto seguirá preso.
Todos los detenidos afrontan los mismos cargos aunque con distintos grados de responsabilidad, siendo «El Paisa» el presunto «organizador» de la banda, detallaron los voceros.
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A su vez, en este expediente hay una imputada más que no quedó detenida, pero que se le notificó de la formación de la causa en función de que en el allanamiento a su domicilio se encontró solo un teléfono celular, aunque los investigadores procuraban reunir más pruebas.
En tanto, las fuentes consultadas aclararon que, más allá de las conexidades entre esta causa y la que tramita en la justicia ordinaria por las muertes e intoxicaciones con la cocaína adulterada, por el momento ambos expedientes seguirán por separado: uno en el fuero federal y el otro la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, donde se investigan las muertes de las 23 personas que consumieron la cocaína adulterada y la intoxicación de más de 80.
