Concedieron más tiempo de investigación a los fiscales que acusan a Sain de espionaje ilegal

La jueza de Primera Instancia Rosana Carrera, interviniente en la causa por supuesto espionaje ilegal contra Sain y otros ex funcionarios del Ministerio de Seguridad, otorgó un mayor plazo para la investigación de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, tal como habían solicitado días atrás.

Según los fiscales, serían 661 los perfiles de personas elaborados por el Ministerio de Seguridad, sobre los cuales secuestraron documentación y existen testimonios que corroborarían este accionar.

El pedido de los fiscales, aceptado por la jueza, «se enmarca en lo regulado en el artículo 346 del Código Procesal Penal de la provincia que establece: “Cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada o trasnacional, a solicitud del Fiscal, el Tribunal podrá ordenar la duplicación de todos los términos previstos en este Código, sin perjuicio de los acuerdos relativos a la arbitración de trámite que las partes puedan acordar”.

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Por su parte, los abogados defensores de los acusados rechazaron la petición de los funcionarios del MPA y solicitaron que se les de acceso a los expedientes para poder ejercer el derecho a la defensa.

Cabe destacar que la causa aún no tiene imputados, aunque los involucrados en la causa son once: Marcelo Sain, Esteban Montenegro, Nadia Schujman, Débora Cotichini, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernard, Maximiliano Novas, María Agustina Moulins, Marcelo Leandro Correa, Juan Sánchez y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

Más de 660 perfiles

La Fiscalía investiga una causa por asociación ilícita compuesta por funcionarios públicos que se dedicaban a cometer diferentes delitos. Entre los delitos se investiga si funcionarios pertenecientes al Organismo de Investigaciones del MPA y del Ministerio de Seguridad de Santa Fe recopilaban información de manera ilegal respecto de personas físicas y/o jurídicas, utilizando para ello personal, bienes y servicios pagados por el Estado Provincial.

De acuerdo a lo informado por Fiscalía, se secuestró documentación que acredita la existencia de dichos perfiles, así como testimonios de ex empleados del Ministerio dan cuenta de ese hecho.

Dichos perfiles se realizaban a partir de la consulta de distintas fuentes como Google, BCRA, RENAPER, DNRPA, NOSIS, VERAZ, a la que especificaron la base de datos que se utilizaba, y los usuarios de cada una de ellas.

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Además, dijeron que muchas veces estas tareas eran realizadas sin una directiva que los respalde, sin conocimiento de una IPP en trámite y sin contacto con órgano fiscal alguno.

Preliminarmente existe una lista de 661 probables víctimas y/o damnificados de la inteligencia ilegal. Por lo tanto, se solicitó a jueces y fiscales federales y provinciales que informen si existen investigaciones en trámite y si habían requerido algún tipo de medida investigativa en relación a dichas personas, no habiendo sido respondidos aún la totalidad de ellos.

Compra de armas

Asimismo, se encuentra en investigación una causa por fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el cargo, por la compra de armas que intentó llevar a cabo el Ministerio de Seguridad de la Provincia, donde presuntamente se intentó favorecer a una empresa determinada, habiendo sido advertida dicha irregularidad por el propio Poder Ejecutivo y denunciado por un grupo de Diputados Provinciales.

“Se obtuvo documentación que corroboró lo denunciado, se investiga en el caso un supuesto de delincuencia organizada, la cual tiene íntima relación con esa pluralidad de víctimas e imputados, ya que de acuerdo a los delitos que se encontraría investigando la fiscalía -asociación ilícita-, se trataría de varios hechos delictivos cometidos por un grupo de personas y en forma organizada, según el caso, empleando estructuras como la administración pública, y en fraude a la misma”, indicó Fiscalía en el pedido de extensión de plazo de investigación a la jueza.

De esta forma, los delitos se enmarcan en Asociación ilícita en concurso real con negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con administración fraudulenta calificada, malversación dolosa, abuso de autoridad.