Un hombre de 65 años identificado como Oscar Alberto Sosa y una mujer de 48 identificada como Elena Guadalupe Torti, fueron condenados a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por ser coautores de delitos vinculados al facilitamiento y la explotación económica de la prostitución. Así lo resolvió la jueza Cristina Fortunato en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.

De acuerdo a la resolución judicial, Sosa y Torti – que estaban en prisión preventiva desde principios de mes– fueron condenados como autores de los delitos de facilitamiento de la prostitución calificado (por mediar abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas) y explotación económica de la prostitución ajena calificada (por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad) Los dos delitos fueron atribuidos en concurso real.

La investigación que concluyó con la condena comenzó en septiembre del año pasado y fue dirigida por el fiscal Martín Castellano,quien tiene a su cargo la sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5. Por su parte, la Defensa estuvo a cargo del abogado particular Carlos Farías Demalde.

Bienes

El fiscal Castellano destacó que «además de la prisión efectiva que deberán cumplir los dos condenados, se les decomisaron los bienes que obtuvieron producto de las ganancias de su actividad delictiva, los que se destinarán a la Asociación Civil Federación de Entidades Vecinales de la ciudad de Rafaela y al departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género del ministerio de Seguridad de la provincia». Castellano enumeró los bienes decomisados y dijo que “hay una moto; electrodomésticos; computadoras; celulares y tablets, entre otros elementos”.

El funcionario del MPA también precisó que se secuestraron 12.100 pesos en efectivo, “que se distribuirán a título de reparación voluntaria por el daño producido, en partes iguales entre tres mujeres que fueron víctimas de Sosa y de Torti».

La investigación del fiscal Castellano contó con el apoyo de la agencia sobre Investigaciones sobre Trata de Personas dependiente del ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.