El Defensor General de la Provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón, presentó ayer una denuncia contra efectivos de la Seccional 12°, integrantes de la Policía de Acción Táctica y personal del Comando Radioeléctrico por un hecho de abuso y torturas policiales ocurridos en el barrio Ludueña contra un menor y su familia como así también sobre integrantes de la agrupación social “El Caleidoscopio”.
Por su parte, las víctimas del violento suceso también requirieron constituirse como querellantes con el patrocinio letrado del Defensor Provincial en razón de los graves hechos que deberán ser investigados por el Ministerio Público de la Acusación, a los fines de determinar las circunstancias en que ocurrieron los mismos.
Las circunstancias por las cuales se desencadenó dicha acción, se produjo el 6 de marzo pasado. Durante esa jornada el menor de 17 años se retiraba del Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario -IRAR- habiendo obtenido la libertad el día anterior por orden de la Jueza de Menores N° 2, Gabriela Sansó.
En ese marco, se trasladó hacia su casa y cuando estaba en la vereda de su casa, dos oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT) se le acercaron e indagaron acerca de su identidad, al momento en que comenzaron a hostigarlo y agredirlo con golpes de puño. Por ese motivo, escapó hacia la casa de su tía. Los oficiales lo persiguen e ingresan al domicilio mencionado sin identificarse ni expresar el motivo de la intromisión.
Una vez dentro del hogar, los policías informan a su familiar que iban a llevarse detenido al joven producto de una denuncia por un robo efectuado la noche anterior. Cabe aclarar que era imposible que el menor fuera el autor del hecho pues el día previo había estado alojado en el IRAR. Alertados por la situación, los familiares de del chico exhibieron los documentos y la orden de libertad resuelta por la jueza Sansó.
En ese momento, se sumaron a la escena del hecho efectivos policiales pertenecientes al Comando Radioeléctrico, la Policía Comunitaria y personal de la Comisaría 12° conjuntamente con los agentes de las PAT ya mencionados, agravando aún más la situación. Durante ese instante, el hermano del joven recibió dos disparos de escopeta con balas de perdigones, ocasionándole más de trece impactos en el costado derecho de su cuerpo.
Alertados por la situación, miembros de la organización social “El Caleidoscopio” se acercaron al lugar del hecho para informarles a los oficiales que el joven no había sido el autor de ningún hecho de robo. Paralelamente uno de ellos, de nombre solicitó a los policías que lo dejaran comunicarse con los abogados del menor para alertarlos sobre la situación legal del adolescente. A pesar de eso, el Jefe del Comando Radioeléctrico ordenó la detención de todas las personas que se encontraban en la zona. Mientras eso sucedía, el militante social era tirado al piso, golpeado con la culata de las escopetas policiales y esposado.
Los demás militantes de “El Caleidoscopio” intervinieron en el conflicto pidiendo que cesen los abusos contra la tía del menor. Aún así, los funcionarios policiales dispararon contra ellos. De las descargas percutidas, una impacto en el abdomen de un representante social y otra restante en el brazo de otro participante de la mencionada organización barrial.
Luego de ello, el menor junto con su padre, su tía y el militante social fueron trasladados a la Comisaría 12° de barrio Ludueña ubicada en la intersección de calles Solis y Casilda. Posteriormente, los varones fueron encerrados en una celda y puestos de rodillas contra la pared de la misma. Según el relato de las víctimas, ocho policías comienzan allí a amenazarlos y escupirlos. Al militante social, le advirtieron que “si se hacía el Pocho» – en referencia a Pocho Lepratti, militante social asesinado por balas policiales en diciembre de 2001- iban a hacerle lo mismo que a Pocho” en virtud de la condición de militante social que ostenta.
De acuerdo a los relatos y las pruebas materiales ofrecidas por las víctimas es que esta Defensa Pública decidió intervenir en el caso ya que se trata de un grave hecho de violencia institucional. Por eso mismo, el Defensor General de la Provincia de Santa Fe solicitó el “cese definitivo de esta situación de violencia por parte de los Policías de la Comisaría 12, personal de las PAT personal de Comando Radioeléctrico y la Policía Comunitaria”. La denuncia quedó radicada en la mesa de entradas del Ministerio Público de la Acusación y la investigación es llevada adelante por la Fiscal Carina Bartocci, quien está al frente de la Oficina de Corrupción y Violencia Institucional.
