Desde la semana pasada, distintos sectores del gobierno nacional revelaron su intención de imponer un examen para obtener el título de abogado que habilitaría a los futuros profesionales a ejercer la abogacía. Dicha decisión se justifica en querer frenar “la industria del juicio”.

Si bien la discusión está focalizada, por el momento, en la provincia de Buenos Aires, desde la UNR advierten que podría extenderse al resto del país. La propuesta surge del gobierno bonaerense que se encuentra analizando la posibilidad de implementar la obligatoriedad de un examen antes de que los abogados graduados reciban su matrícula habilitante. La iniciativa estaría orientada a la reducción de juicios “innecesarios y excesivamente prolongados en el tiempo”.

Las respuestas no tardaron en llegar, y desde la Facultad de Abogacía, el consejero superior de la Universidad Nacional de Rosario, Cristian Fdel señaló que “es la Universidad la que debe preparar a una persona para poder ejercer su profesión. Debemos dejar de desmerecer la Educación Superior”.

En el mismo sentido Fdel manifestó que “el estudiante no tenga práctica profesional en sus programas de estudio es un problema a resolver dentro de cada Universidad. Parece ilógico, querer resolverlo a posteriori de recibirse”.

“El objetivo de la Universidad es asegurar a los ciudadanos que los profesionales que defienden sus derechos cuenten con los conocimientos necesarios para poder ejercer eficazmente esa defensa o representación”, manifestó Fdel.

Asimismo, conjeturó que “lo que está en disputa, ya no es ¿qué universidad queremos?, sino ¿al servicio de quién está la Universidad? Retrasar el ejercicio de la carrera con este tipo de trabas significa que va a haber más estudiantes sin recibirse, y eso genera que estudios jurídicos y organismos públicos exploten a los estudiantes con la excusa de que con su trabajo ganan conocimiento y que deberían estar agradecidos”.

Por otro lado, señaló que “el sistema de pasantías es el fiel reflejo de esta situación, quieren convertir a la Universidad en una empresa de Recursos Humanos, tendiente a satisfacer las necesidades de personal, de organismos y empresas públicas y privadas”.

Finalmente, “el problema no son los juicios, el problema son las injusticias. Poner un examen para ejercer la labor de abogado no va a generar que decaiga la industria del juicio, sino que menos personas puedan ejercer su profesión y tener un trabajo”, remató.