Por Alejandro Maidana

Tan deleznable como incomprensible, la vecina localidad de Arroyo Seco podría premiar a quién el 19 de diciembre de 2001 le quitará la vida de un cobarde disparo a Claudio “Pocho” Lepratti, cuando este reclamaba desde los techos de la Escuela 756 de Barrio Las Flores, su lugar de trabajo. Sucedería bajo el gobierno de Carlos Alberto Reutemann, quién pudo salir indemne, pese a ser el responsable político de una masacre que sigue calando hondo.

¿Puede la seguridad y la convivencia de una ciudad quedar en manos de un asesino? La hedionda realidad de una sociedad raquítica y deshumanizada, lo puede hacer posible. Esteban “Tiky” Velázquez se encuentra atravesando un proceso de selección, mediante un llamado a concurso de la municipalidad de Arroyo Seco. Gracias a que pudo superar tanto la primera como la segunda instancia, Velázquez pudo acceder a la tercera, la misma se trató de una entrevista personal con distintos funcionarios estatales. Algo que podría agilizar su ingreso a la Guardia Urbana Municipal de la localidad.

La trascendencia de esta nefasta noticia, generó el repudio inmediato de familiares de Claudio “Pocho” Lepratti, de organizaciones de Derechos Humanos, sociales, gremiales, políticas, estudiantiles, asociaciones de la sociedad civil y otros. Una verdadera provocación, ya que si bien Esteban Velázquez cumplió con su condena, este se ubica claramente en las antípodas de una concepción ética, moral, humanista y de derecho para desempeñar tal función.

La comisión de evaluación está integrada por tres miembros del Concejo, uno en representación de cada bloque (Unidad Ciudadana, Cambiemos y Frente Progresista), siendo el Secretario de Gobierno, Adrián Spina, quién representa a la Municipalidad. Completan la comisión el Secretario de Seguridad, junto a la jefa de la Guardia Urbana Municipal.

Una vez más familiares de las víctimas de la represión estatal de diciembre de 2001 enfrentamos hechos nefastos y dolorosos, esta vez conociendo la posibilidad de que Esteban Velázquez, el policía que asesinó a <Pocho>, pueda formar parte de la GUM en Arroyo Seco”, le dijo a Conclusión la ex concejala y referente de Arde Matria, Celeste Lepratti, una hermana que jamás abandonó la lucha por la memoria y la justicia.

Sobre la posibilidad cierta de que quién asesinó a su hermano pueda volver a representar al Estado, indicó: “Es una posibilidad muy cercana, porque además de participar en el concurso público, fue preseleccionado. Entonces se abren muchos interrogantes: ¿el Estado que elementos tiene en cuenta para la selección del personal que tendrá a cargo tareas vinculadas a la seguridad y la convivencia urbana? ¿Puede alguien que quedó inhabilitado por la Justicia para ejercer funciones dentro de la fuerza policial provincial por cometer un homicidio agravado por su carácter de agente desempeñar un cargo en la GUM? ¿Velázquez responde al perfil que se requiere para ingresar en ese organismo Municipal?

“Por otro lado, esta situación denota tantas otras, donde han prevalecido el criterio de desentendimiento, encubrimiento e impunidad desde el propio Estado. Cuando hemos señalado una y otra vez que no se hizo justicia en las causas que investigaron los asesinatos en nuestra provincia. Dos condenas muy poco satisfactorias (una es la que cumplió Velázquez) nos permiten aseverar que la trama de impunidad se fortaleció desde los tribunales, para que la mayoría de los agentes policiales implicados en la masacre no rindieran cuentas, fundamentalmente para garantizar la impunidad de quienes dieron las órdenes”, sostuvo.

Para finalizar, Celeste Lepratti arrojó un mensaje que invita a una profunda reflexión. “Hay que seguir construyendo el mapa de la impunidad para poder visibilizar dónde están y en que funciones, los hacedores materiales y políticos de la masacre de diciembre de 2001. Hoy uno de ellos puede convertirse muy a pesar nuestro, en agente de la GUM de Arroyo Seco”.