El primer juicio del país donde una víctima de trata de personas, Alika Kinán, era querellante contra sus captores, finalizó hoy en la ciudad de Ushuaia, con la aplicación de condenas de entre 3 y 7 años de prisión a los tres acusados de integrar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres que funcionaba a través del local nocturno Sheik, ubicado en pleno centro de la capital fueguina.

El caso que los especialistas califican de “histórico” también incluyó un resarcimiento económico de 780.000 pesos que la Justicia impuso a favor de la denunciante y que deberán pagar en forma solidaria los condenados y el Municipio local, al que se enjuició civilmente por haber facilitado a través de ordenanzas y falta de controles las condiciones para la trata en la ciudad.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego leyó el veredicto esta tarde, en una sala repleta de integrantes de organizaciones feministas y sindicatos que acudieron en apoyo de Alika.

El fallo dictado en mayoría por los jueces Ana María D´Allesio, Luis Giménez y Enrique Guanziroli impuso una condena de 7 años de prisión y 70.000 pesos de multa para Pedro Montoya, el propietario del local Sheik donde el 9 de octubre de 2012 se llevó a cabo el operativo de rescate de siete víctimas de trata, incluida Kinán.

Montoya fue considerado “autor penalmente responsable” del delito de “trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas”, y a pesar de que la condena es de cumplimiento efectivo, no será detenido mientras la sentencia no esté firme, indicaron fuentes judiciales.

El tribunal fueguino también condenó como “partícipes secundarios” del mismo ilícito a Claudia García, pareja de Montoya y a la ciudadana peruana Lucy Alberca Campos, que oficiaba como encargada del prostíbulo, y les impuso una pena de tres años de prisión en suspenso, más 30.000 pesos de multa en el caso de García.

Ambas condenadas tendrán que cumplir reglas de conducta, como fijar residencia, someterse al cuidado de una institución penitenciaria y abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y de consumir estupefacientes.

Los magistrados dispusieron el decomiso del dinero secuestrado durante los operativos judiciales y del inmueble donde funcionaba el prostíbulo.

Alika Kinán, vestida de remera blanca y cabello recogido, se abrazó con varios miembros del público que acudieron en su apoyo, y se emocionó al dialogar con la prensa al asegurar que “ahora vamos por más condenas contra los proxenetas de todo el país”.

La mujer envió un mensaje de esperanza a quienes aún permanecen en condiciones de esclavitud y de explotación sexual: “todas pueden. Incluso las que hoy no se reconocen como víctimas, y las que me estigmatizaron. Si yo pude, todas pueden”, aseveró.

“Este es un caso. Ahora vamos por más condenas contra los proxenetas de todo el país. Yo puse el cuerpo. Mucha gente también. No me repara a mí. No repara a mi familia. Pero sirve para continuar por el rescate de otras mujeres que están en esta misma situación”, afirmó quien ahora preside el “Instituto Sapa Kippa”.

Kinán puntualizó que pese al fallo condenatorio, “no está de acuerdo” con los montos de las condenas, que “debieron ser mayores”, señaló.

“Esperaba penas más duras. Siete años es poco para quienes han arruinado la vida de muchas mujeres de todo el país. Además, yo esperaba que fueran presos de inmediato. Y la condena civil también tendría que haber sido superior”, indicó la querellante contra sus tratantes.

Alika también consideró que en el juicio existió “mucha hipocresía” porque “todos sabían lo que pasaba y dijeron no conocerlo”.

“Autoridades, vecinos, todos conocían donde estábamos y que apenas salíamos al supermercado o a caminar un rato para que se nos pasara la resaca. El municipio creó un terreno fértil para estas actividades, como también lo creó la provincia. Y no me refiero a las gestiones actuales, ni a las anteriores. No se trata de apuntar contra alguien. Aquí hace falta un replanteo social sobre qué hizo cada uno para que esto pudiera suceder”, reflexionó la mujer.

En ese sentido, pidió que muchas provincias “revisen” las habilitaciones de locales nocturnos, o la exigencia de libretas sanitarias que implican “exudados vaginales y análisis de HIV” pero que “nadie relaciona con la explotación sexual.

“Yo no pido un juicio a la sociedad. Le estoy pidiendo ayuda, para que juntos empecemos a tirar de la manta de la trata. Tierra del Fuego fue un foco de prostitución, de trata y de tráfico de mujeres. Pero claro que no es el único. Muchas mujeres siguen siendo manejadas como carne vacuna. Esa es la tarea que nos queda”, enfatizó Kinán.

El caso reunió en Ushuaia al titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Marcelo Colombo, quien junto al fiscal general del distrito, Adrián García Lois, habían solicitado condenas de entre 5 y 12 años de cárcel para los acusados.

En tanto, la querella estuvo representada por abogados del «Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas del Delito de Trata de Personas», que depende de la Defensoría General de la Nación.

Una de las letradas de ese organismo, Marcela Rodríguez, dijo que la sentencia es “una forma justa de encarar la violación de derechos humanos que sufrieron las mujeres en el local Sheik y en el sistema prostibulario fueguino”.

El tribunal oral fueguino anunció que dará a conocer los fundamentos del fallo el próximo 7 de diciembre.

Foto: Micaela Cantero @micantero