Por Florencia Vizzi
En el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal que sigue el Ministerio Público de la Acusación, este miércoles se conoció un dato alarmante: la fiscal interviniente, Mariela Jiménez ordenó que los procedimientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad de Rosario y Santa Fe se realicen sin testigos. Así quedó plasmado en las actas de diligenciamiento, y es un hecho de gravedad institucional que terminaría abonando a las teorías del «lawfare» que han denunciado tanto el ex ministro de Seguridad Marcelo Saín y la ex titular de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman. En tanto, el pasado lunes, en la sede del MPA de Santa Fe se realizó la digitalización de parte de los archivos secuestrados en los allanamientos, procedimiento en el cual estuvieron presentes los abogados defensores Hernán Martínez y Juan Lewis. Este último, dialogó con Conclusión, reafirmó que «no se encontró ni una sola carpeta», insistió en que los fiscales «fueron a la pesca, lo que está prohibido por ley» y remarcó que los funcionarios judiciales «tienen la deliberada intención de sustraerse a todo tipo de control» y que todo lo actuado hasta ahora se hizo sin órdenes judiciales, lo que reviste una gravedad inusitada.
«Sin testigos civiles»
«El funcionario policial que suscribe, suboficial de policía Bustamante, Juan Gabriel, cumpliendo funciones en el Ministerio Público de la Acusación, a los fines legales hace constar que munidos de orden verbal de los fiscales Ezequiel Hernández y María Jiménez que ordenan registrar diferentes oficinas de la Casa de Gobierno, nos constituimos en Santa Fe 1950 de la ciudad de Rosario» (…) «con el fin de proceder al secuestro de celulares, computadoras y todo otro elemento de almacenamiento de datos, ya sea en soporte electrónico y/o papel. Asimismo, por orden la fiscal María Jíménez, el procedimiento deberá llevarse a cabo sin la presencia de testigos».
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Este texto consta en una de las actas de diligenciamiento a la que Conclusión tuvo acceso pero, el abogado defensor de Nadia Schujman y Diego Rodríguez, Juan Lewis, dio cuenta de que eso se repite en todas las actas de procedimiento. «Por ejemplo -señaló Lewis a este medio- el acta del procedimiento realizado en la oficina de Nadia Schujman en Santa Fe, en la Agencia de Control Policial, dice «nos apersonamos a la misma sin testigos civiles».
«Como eran redactadas por personas diferentes, se usan diferentes palabras, pero en las actas quedó constancia de que ordenaron hacerlos sin testigos», agregó. En ese sentido, Lewis señaló que no hay dudas de que los operativos desplegados fueron allanamientos, más allá de que los fiscales alegaron que «como se trata de oficinas públicas no hace falta una orden».
«Están diciendo que no es un allanamiento para esquivar el requisito de la autorización judicial y todo lo que ello implica, porque para que un juez de la autorización, tiene que estar determinado exactamente que es lo que van a allanar y cuáles son las razones, porque no se puede ir porque sí, tiene que haber alguna sospecha seria, y no como en este caso, que queda cada vez más claro que fue una excursión de pesca», precisó.
El letrado remarcó que «esas excursiones de pesca están prohibidas por la ley». «Los procedimientos deberían ser controladas por un juez y lo que está pasando es que los fiscales, con toda clase de artimañas, están intentando sustraerse a cualquier clase de control, al control de un juez, al control de los testigos de procedimiento, al control de la opinión pública, al control de las actuaciones de la defensa y están haciendo lo que se les da la gana».
En forma categórica, el abogado defensor apuntó que cuando hay un allanamiento tiene que estar firmado por un juez. «Podemos discutir la cuestión de que se trata de una oficina pública, acá lo que hay que saber es que secuestraron celulares, agendas, papeles privados, efectos personales de personas que van a ser imputados, y ahí no hay dispensa que valga. Ahí tenían que hacerlo con una orden judicial», remarcó.
«Nunca había presenciado algo así»
Normalmente, en el marco de una investigación judicial, los acusados deben ser citados a una audiencia imputativa en la que se le informa qué delitos se le achacan y se le brinda la posibilidad de defensa. Llama la atención de que, pasadas tres semanas desde que se realizaron los operativos en el Ministerio de Seguridad, comandados por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez aún no se ha concretado esa instancia.
Lo que sí hubo, es una extraña citación a los seis acusados (Marcelo Sain, Germán Montenegro, Nadia Schujman, Sebastián Sánchez, Pablo Álvarez, Débora Cotichini) , a la sede de la Agencia de Investigación de Criminal. Se dijo que allí se los notificaría de los cargos que se les imputaban y los derechos que les asistían.
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Dicha medida le sonó, cuanto menos, muy llamativa a quienes tienen un mínimo conocimiento de los pasos procesales. En ese sentido, Lewis fue contundente: «Nunca había presenciado una cosa así. Judicialmente, es un acto procesal inútil e inconducente, procesalmente no tiene ningún efecto esta citación para notificarle que estaban siguiendo una causa».
Es claro entonces que una medida de estas características sólo puede sumar más suspicacias, puesto que en ningún momento se dio intervención a un juez y no se imputó ningún delito. Los ciudadanos de a pie entonces podrían preguntarse qué objeto tuvo.
El letrado no tiene dudas al respecto y señaló que «puede haberse hecho como para demostrar que se está haciendo algo y generar un movimiento que pueda rebotar en los medios… esa clase de efecto que no son procesales sino que son parte de otra clase de especulación». «A tal punto fue desafortunado lo que pasó en esa citación, que les dijeron a los imputados que los estaban investigando por asociación ilícita por espionaje. Pero, hay que saber que cuando se investiga, se investigan hechos, no se investigan normas jurídicas. Igual que cuando se imputa, hay que señalar qué hecho, cuando ocurrió, como se llevó a cabo. Y eso es lo que preguntamos, por qué dicen eso, a quién espié, cuando ocurrió, con quien me asocié, qué elementos los llevan a decir que hubo espionaje. Nada de eso apareció, es más, nada de eso aparece ni siquiera en los pocos elementos que estamos viendo».
Lewis se quejó además que, hasta el momento, no han tenido acceso a la causa, más allá del acto del lunes en el que fue convocado a la digitalización de parte de la documental secuestrada. «Lo que sabemos es que que llevan meses investigando, pero no sabemos si hubo una denuncia o empiezan a investigar de oficio los fiscales porque no nos dejan acceder a la causa. Podría decirse que se puede tener la causa bajo secreto, pero para tener una causa bajo secreto tratándose de un poder de un estado republicano, tiene que tener una explicación. Y hasta ahora no han dado ninguna explicación de por qué está en secreto y en segundo lugar, pueden tenerla en reserva hasta el momento de la declaración imputativa».
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La explicación de ello es que «justamente, para evitar que que haya fiscales que estén amenazando y escrachando gente en los medios y digan que están investigando y que no hagan nada y no muestren nada, es que en la ley existe la posibilidad de que, cuando alguien se presenta y dice me pongo a disposición de la justicia y dice impútenme, el fiscal tiene 15 días para imputarlo», aclaró el letrado.
«Pasado ese plazo, pueden seguir investigando pero ya no puede tener la causa en reserva y tienen que mostrar las pruebas, lo impute o no. Eso es lo que ha sucedido en este caso, porque inmediatamente después del allanamiento, que fue un viernes, el martes siguiente mis defendidos se presentaron, nombraron defensor, incluso ofrecieron algunos efectos, pero no hubo ninguna resolución de la Fiscalía a partir de eso, así que desde es día está corriendo un plazo para imputarlos o no imputarlos, pero mostrar las actuaciones»
«No hubo orden judicial»
Entre los muchos argumentos que dan los acusados y sus defensores para argumentar los vicios de la investigación y que se trata de una causa armada es que «no hubo orden judicial» para los allanamientos y, sobre todo, para el secuestro de los elementos personales.
«No hubo orden judicial para nada, ni para entrar a las oficinas, ni para secuestrar elementos personales, ni para registrar carteras y efectos personales. No hubo orden judicial para requisar agendas personales, para secuestrar computadoras, personales, para nada», remarcó Lewis a este medio.
En ese sentido, el representante legal de los titulares de la Agencia de Control Policial no escatimó en argumentos. «Creo que hay cosas que están muy claras. En primer lugar, acá hay una deliberada intención de la Fiscalía de sustraer esta investigación a toda clase de control. El primer control procesal de un fiscal es el del juez y acá, deliberadamente, se están cambiando los nombres de los actos, difiriendo medidas o generando argumentos para evitar la intervención de un juez. De hecho, el lunes mismo, hicimos algunos planteos durante el transcurso de la medida, algunos bastante elementales, y ante la negativa de los fiscales, pedíamos la intervención de un juez y se nos dijo que no, que durante el acto no iban a llamar a un juez».
En segundo lugar y en la misma línea, Lewis apuntó que del mismo modo, se procedió a secuestrar efectos personales de las personas investigadas sin ninguna orden judicial. «Cuando dijimos lo del plazo para que nos muestren las pruebas, los fiscales dijeron que en las investigaciones complejas, se puede duplicar este plazo. Sí, se puede duplicar, pero quien debe decidirlo es un juez al que hay que darle razones de por qué es compleja, y no entiendo como pueden sostener eso en una causa que es meramente documental y que viene investigando hace varios meses. Entonces, evidentemente, hay una voluntad de patear la pelota, y evitar que haya acceso a un control serio de lo que están haciendo».
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Además, también argumentó que estos controles no tienen solo que ver con la intervención de un juez sino con muchas otras cosas, como por ejemplo el control de los apuntes que pueda hallar la defensa sobre la regularidad de las cosas que se están haciendo. También tiene que ver con controles específicamente dispuestos por la ley, como por ejemplo los testigos de procedimiento, «que adrede y expresamente se han evitado».
Por último, apuntó Lewis, «el control tiene que ver con el escrutinio público».
«Acá se lanzó una acusación muy seria con base en generalidades, y a tal punto es incierta e inexacta, que es importante que quede sometido al escrutinio público porque recae sobre funcionarios. Incluso hubo dos diputados, que además no entiendo por qué, porque son personas completamente ajenas a la causa, no son fiscales, ni jueces, ni testigos, que hablaron de mil carpetas. Y no había una sola carpeta. Entonces -puntualizó-llama la atención esto, por un lado los fiscales deliberadamente buscan sustraerse a los controles y por otro lado llama la atención la forma en que se está comunicando. Porque es una investigación es pública, puede haber secreto en una etapa, pero llegado un punto, eso no puede sostenerse más, sobre todo si son los propios investigadores los que la tiran a la luz pública».
En relación a ello, Lewis fue más allá: «Sino se puede pensar que hay una voluntad de calumniar. Entonces tendrían que decir algo un poco más serio y acá lo que vemos es que el MPA habla a través de mensajes de WhatsApp firmados por nadie, no hay ningún comunicado de prensa, no hay ninguna declaración de los fiscales intervinientes ni del fiscal regional en las cuales, al menos, se empiece a señalar cual es el hecho concreto que están investigando, cual es la razón que explica todas estas medidas».
El abogado subrayó una y otra vez que eso es lo que más llama la atención. Eso y que haya muchos medios que están enganchados en esta cuestión. «El 26 de noviembre, cuando se realizaron las medidas, se secuestraron un montón de bultos y cajas, sobre los que después vimos la falta de criterio y la inutilidad del secuestro. Pero ahí, cuando no estaba terminado el allanamiento, ya había algunos medios que hablaban que se había encontrado evidencia grave, carpetas, lo más grave desde el retorno de la democracia…Ahora los fiscales dicen que necesitan más tiempo para analizar estas cosas y mostrarlas…Entonces hay una falta de seriedad importante si es que no hay una operación de prensa directamente».
