El fiscal de Melincué Matías Merlo presentó la acusación a 18 personas en el marco de la investigación que llevó a cabo por operaciones defraudatorias con inmuebles urbanos y rurales del sur de la provincia, realizadas por una asociación ilícita.
El documento fue presentado ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori, que deberá definir la fecha de la audiencia preliminar.
“Los acusados son 18, entre quienes hay abogados, escribanos y personas con conocimientos contables”, informó el fiscal y agregó que “en todos los casos, y de acuerdo al rol que cumplían en la asociación ilícita, solicitamos penas privativas de la libertad y el pago de multas económicas que llegan a 2.340.000 pesos”.
Merlo explicó que la investigación se inició a raíz de la gran cantidad denuncias realizadas por las víctimas, lo que llevó a realizar un detallado entrecruzamiento de datos en el Registro de la Propiedad y se resolvió crear un solo legajo. “Podemos afirmar que tenemos acreditadas y debidamente demostradas un total de 30 maniobras defraudatorias”, aseguró el fiscal.
El funcionario del Ministerio Público de Acusación (MPA) aclaró que “a partir de que se conoció que estaba en marcha esta investigación, se presentaron otras 10 denuncias. Por lo tanto, iniciamos una segunda etapa a partir de la información aportada por nuevas víctimas”.
Merlo sostuvo que “la organización comenzó a operar de forma permanente y mantenida en el tiempo hace siete años. Estaba perfectamente montada, con la misma gente involucrada, el mismo modus operandi y el mismo objetivo común”.
Desde el MPA consideran que el objetivo de la organización era realizar diversas maniobras fraudulentas para apoderarse de los inmuebles -pertenecientes a personas ancianas o ya fallecidas- ubicados en el departamento General López y en el sur provincial.
El fiscal explicó que “como toda organización delictiva, tenía una estructura para llevar a cabo los ilícitos, con reparto de funciones para lograr eficiencia y con jerarquías entre sus integrantes”. En tal sentido, hizo hincapié en que “el jefe u organizador era un abogado de Venado Tuerto cuyas iniciales son ADB”.
De la investigación se desprende que para concretar las maniobras, los integrantes de la asociación ilícita –con pleno conocimiento de su accionar– confeccionaban los instrumentos jurídicos que necesitaban. De esta manera, desapoderaban a los titulares registrales de los inmuebles afectados para transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la asociación ilícita y/o de terceros”, según explicó Merlo.
Dentro de los 18 acusados hay tanto hombres como mujeres entre los 69 y los 32 años. La fiscalía exige penas que van desde los 16 años hasta los doce meses de prisión y multas cuyos valores oscilan entre 2.340.000 y 90 mil pesos.
Luego de la presentación hecha por el fiscal Merlo, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Venado Tuerto deberá establecer la fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que las partes debatirán acerca de la acusación presentada y de las evidencias que ofrecerán en un futuro juicio oral y público.
