Este miércoles se realizó en el Centro de Justicia Penal una audiencia imputativa contra ocho policías, a quienes se acusó de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a vender repuestos y autoparte de patrulleros a terceros.
La Jueza de Primera Instancia, Paula Álvarez, tuvo por formalizada la audiencia y dictó para todos los imputados la medida no privativa de la libertad con las siguientes reglas de conducta: firma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial por el plazo de 8 meses, depósito de una caución real por la suma de $200.000 para cada uno de ellos; y la prohibición de salir del país por el plazo de 8 meses.
Los acusados Martín Ronsisvalle, Daniel Vega, Débora Savani, Cristian Molina, Sergio Cantero, Francisco Fernández, Germán Trujillo y Ariel Zancocchia.
Mientras que a los primeros siete se los imputó por los delitos de asociación ilícita en concurso ideal con defraudación al Estado, cohecho y peculado -todo ello en carácter de autores y en grado de consumado- a Zancocchia, que se desempeñaba como subjefe de la Policía de Santa Fe- se le sumó el delito de negociaciones incompatibles con la función pública que desempeñaba.
Los fiscales que investigaron el caso, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, indicaron que los imputados -todos ellos efectivos policiales- entregaban a terceros repuestos y autopartes de vehículos que pertenecían a la Policía de Santa Fe, a cambio de dinero.
A entender de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los imputados obtuvieron “beneficios económicos indebidos en perjuicio del erario público”, y realizaron maniobras defraudatorias “incompatibles con la función pública” que desempeñaban.
¿Qué rol cumplía cada integrante dentro de la banda?
Esta banda delictiva habría comenzado a funcionar en febrero de 2019, y sus actividades se mantuvieron hasta el 30 de julio de 2021, fecha en la que el suboficial Germán Trujillo -que se encontraba a cargo de un taller mecánico ubicado en la zona de Juan José Paso y Tarrogona- fue imputado en la causa.
Trujillo tenía a su cargo la administración, manejo, cuidado y reparación de vehículos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II.
Así, usaba vehículos que le eran encomendados para su reparación o depósito -por encontrarse fuera de servicio- y les extraía componentes, repuestos y autopartes.
Luego, colocaba estos repuestos en vehículos policiales o particulares y recibía a cambio una retribución de dinero. Si bien se señala que con este accionar Trujillo incumplía las reglas vigentes, se destaca que estas tareas se hacían con el “conocimiento de funcionarios de jerarquía policial”.
Fue el ex jefe del Comando Radioeléctrico, Cristian Molina, quien designó a Trujillo como policía a cargo de la “Rampa Tarragona”. A entender de Fiscalía, con este nombramiento le permitió “disponer de autopartes que ingresaban al taller y obtener repuestos nuevos para darle un destino distinto a lo que las normas le autorizan”.
Al respecto, se destaca que el suboficial no solicitaba los repuestos al área de Logística de la URII, ni pedía que las piezas sean usadas en vehículos distintos para los que fueron solicitados, sino que “utilizaba los repuestos nuevos y los que extraía de los vehículos dejados bajo su responsabilidad para insertarlos en otros autos” a cambio de un rédito económico.
En tanto, Francisco Fernández -que se desempeñaba como Jefe de Logística de la URII- era el encargado de controlar el patrimonio, abastecimiento, racionamiento y mantenimiento de los recursos del organismo, entre ellos la obtención de repuestos y autopartes y su utilización en vehículos oficiales.
Fiscalía entiende que Fernández incumplió estas obligaciones y permitió que se dispongan de recursos del Estado por fuera de la normativa vigente, actitud con la cual “avaló la compra de repuestos con dinero proveniente del erario público provincial, sin la debida documentación que justifique ese tipo de operaciones y sin haber informado a sus superiores las irregularidades cometidas”.
Por su parte, Martín Ronsisvalle, que fue jefe de Administración y Finanzas de la URII, está acusado de autorizar la disposición de dinero a favor de empresas por fuera de la normativa administrativa correspondiente. A esos fines, se contactaba con Trujillo para disponer del dinero asignado a la fuerza policial por fuera de las normas legales y reglamentarias vigentes. En connivencia con Fernández, contrataban a empresas sin pasar por los controles administrativos correspondientes, no solicitaban presupuestos al efecto, ni la llevaban a cabo con documentación respaldatoria que autorice esa actividad y realizaban desdoblamiento de facturas para que las mismas sean por un monto menor al previsto como límite máximo para el proceso de compra directa, evitando de esta manera las formalidades propias del proceso de licitación.
A Zancocchia, en tanto, se lo acusa de haber beneficiado a las empresas Genarino y ARFE SRL. Para ello, procuró que estas sean contratadas por la Policía de Santa Fe para que presten servicios de mecánica integral a los móviles de la fuerza, con el fin de beneficiar económicamente a los titulares de las firmas. En este sentido, enviaba directamente vehículos para que sean reparados en estas compañías.
Al jefe de Administración y Finanzas de la policía de San Lorenzo, Daniel Vega, se le encontraron varias conversaciones de WhatsApp con Trujillo, en donde le pedía un soporte de la dirección hidráulica, un alternador, un radiador de Voyage y un ramal, y le decía que “le llevaba lo adeudado”.
En tanto, la subjefa del Comando Radioeléctrico, Débora Savani, también mantuvo conversaciones por WhatsApp con Trujillo y llevó al taller su camioneta particular marca Duster, para que se le coloquen repuestos.
A su vez, Cristian Molina también tuvo conversaciones por WhatsApp con Trujillo, en donde le consultó por un paragolpes delantero de S10 negro para una chata de Arequito.
Finalmente, y también por WhatsApp, el jefe de la Agrupación Cuerpos de la UR II, Sergio Cantero, le preguntó a Trujillo si podía sacar alguna barra de alguna chata que esté fuera de servicio para un móvil de Arroyo Seco. En otro diálogo, el suboficial le informó que tenía “varios modelos de inyectores de Cruze”.
