El domicilio del fiscal Gustavo Ponce Asahad fue allanado este viernes por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). El empleado judicial, titular de la Unidad Covid-19 de Rosario esta siendo investigado por la presunta participación en una banda investigada por juego clandestino y extorsión. También investigan a uno de sus colaboradores.
La investigación la lleva adelante la Agencia de Criminalidad Organizada de la fiscalía en relación a la filtración de información sensible desde el MPA dentro de una investigación en curso vinculada al homicidio en el City Center, el juego clandestino y extorsiones, entre otras.
“Este allanamiento tiene en relación a las investigaciones que pusieron en conocimiento los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en la que está incluído el homicidio en el casino, el juego clandestino y algunas otras situaciones. De allí se desprendió que desde fiscalía había salido información. A partir de allí se realizó esta investigación paralela que tiene vinculación con ella y surgieron algunos datos que nos llevaron hasta aquí”, informó el vocero del MPA, Sebastián Carranza en diálogo con la prensa.
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Con respecto a la figura de Ponce Asahad, Carranza señaló que se llegó a él tras un allanamiento realizado hace unos días en el domicilio de uno de los empleados del fiscal acusado. “Se le secuestró documentación de interés para la causa y su celular”, detalló.
En tanto, el empleado judicial tiene una causa abierta por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” pero no se encentra detenido ni tampoco corre hasta el momento, peligro su libertad”.
Ponce Ashad había sido designado como jefe de la unidad especial de Covid-19 en Rosario, que buscaba detectar violaciones al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dictado el 20 de marzo por el gobierno nacional por la pandemia del coronavirus. Se trata de una figura de notorio peso en el ámbito de la justicia rosarina.
Sobre ello, afirmaron que «deberá ser definida por la Fiscalía Regional con los pasos a seguir en las próximas horas» pero que no seguirá con su titularidad.
Hace unas semanas se dio a conocer que había sospechas que un integrante de la Fiscalía facilitaba datos a miembros de esa organización delictiva. Esta situación quedó expuesta en una audiencia pública en la que se reveló una trama de extorsiones en la cual estaba incluída la existencia de una red de casinos clandestinos en el Gran Rosario y en la que fueron acusadas cinco personas, entre ellas un oficial retirado de la policía y un hombre que está preso por instigar el atentado cometido en enero pasado contra el Casino City Center donde un apostador resultó asesinado.
