Un duro y derrotero es el que sufrió Ángel Colazo y su familia hasta que, el 21 de enero, falleció en el Samco de Villa Constitución, atado y sedado. Ángel tenía 16 años, una situación de extrema vulnerabilidad y un largo historial de adicción y consumo problemático. En su caso intervino primero la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia y posteriormente, la Dirección Provincial de Salud Mental. Tras varias desapariciones espóradicas, Angel ingresó el 30 de diciembre al efector de salud, donde un médico psiquiatra ordenó medicarlo y atarlo. El 21 de enero sufrió muerte cerebral y , a pesar de la solicitud de su madre para que lo desconecten del respirador artificial en forma inmediata, eso solo se concretó tres días despues. La familia de Ángel y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hicieron una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación, en la que interviene la fiscal Analía Saravalli, para que se investigue su muerte y la situación de violencia y tortura a la que fue sometido mientras estuvo internado.
Este miércoles, en el Instituto Médico Legal de Rosario se realizó la autopsia del adolescente, bajo el protocolo de Minnesota, como pidió la familia y con la presencia de la perito de parte Virgina Creimer, especialista en casos de violencia institucional. Familiares, allegados y representantes de organismos de Derechos Humanos estuvieron allí para pedir Justicia y una invesrtigación exhaustiva sobre lo ocurrido.
«Ángel era un adolescente que, cuando falleció, estaba bajola supervisión de la Dirección Provincial de Salud Mental, entidad que lleva adelante estas práctica manicomiales, como sobremedicar y atar a los pacientes, que es lo que ocurrió con Ángel, prácticas que están totalmente en contra de lo permitido por la Ley de Salud Mental vigente. Y esas medidas llegaron a tal punto que su cuerpo empezó a tener fallas y quedó en estado vegetativo, relató Cristian Goicochea, un militante de ATE Rosario que acompañó el proceso -por intermedio de un trabajador (que no pudo asistir en la jornada por estar indispuesto emocionalmente) presente durante gran parte de la intervención de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia-. Y remarcó: «Posterior a la muerte cerebral, también demoraron la desconexión del respirador artificial, firmada por su propia madre».
Violencia Institucional
En la denuncia ante el MPA intervino la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a pedido de la familia del joven. Desde la organización consideran que se trata de un caso de violencia institucional, ya que el joven estaba en custodia de una entidad estatal.
«El adolescente fue atado de pies y manos, permaneciendo en esa situación durante el lapso de 5 días. Indefectiblemente este accionar estatal -que debería ser de contención a adolescentes con problemática social-, empeoró y puso en peligro la vida de Ángel: el viernes 15 de enero, el adolescente tuvo un paro cardíaco, que lo dejó en un coma profundo», manifestaron en un comunicado publicado en el diario Rosario 12, en el que también adelantaron que «ante la gravedad de la situación -con procedimientos irregulares que pudieran configurar el delito tipificado de torturas- esta denuncia, además, será elevada al Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (CNPT)».
«La familia de Ángel pidió asesoramiento a la APDH», relató a Conclusión Verónica Gauseño, presidenta de APDH Rosario. «Nos pidieron asesoramiento y nos contaron que estaba maniatado desde hacía varios días en el Samco de Villa Constitución. Así, el 20 de enero decidimos hacer la denuncia en el MPA por el posible delito de tortura, porque tener a una persona maniatada en contra de lo que dispone la Ley de Salud Mental podría llegar a configurar el delito de tortura, porque no olvidemos que esto se trata de una muerte en custodia, muere dentro de un efector estatal con la orden de un médico de tenerlo maniatado durante ese lapso de tiempo», explicó Gauseño.
Desde la APDH señalaron que, cuando uno habla de violencia institucional, generalmente habla de agentes policiales, pero «todo agente del estado es una puerta abierta para ejerecer la violencia institucional». «Lo ocurrido en el Samco agravó, desde nuestro punto de vist su cuadro de consumo problemático. Si estaba sedado no hacia falta maniatarlo, estas prácticas deben terminar· enfatizó la presidenta de la APDH.
Además, recordó que Angel fue declarado con muerte cerebral el día 21, un día después de que el organismo realizara la denuncia en el MPA y señaló que «no entedemos por que se lo tuvo conectado artificialmente durante dos días mas».
