Decenas de voces se han levantado en estas últimas semanas en torno a la marcha del juicio oral y público que se le sigue a 19 policías acusados de la desaparición y muerte de Franco Casco. Durante las primeras jornadas se presentó como evidencia una serie de videos que la defensa de los efectivos asegura que les fueron ocultados,  en los cuales se ve a Franco Casco caminando por la zona de Arroyito. Dichas imágenes fueron capturadas la madrugada del 8 de octubre de 2014, es decir, serían posteriores a la supuesta desaparición que, de acuerdo a la teoría de la querella, ocurrió el 6 de octubre del mismo año, cuando estuvo detenido en la comisaría 7ª.

A partir de la difusión que este medio hizo de esas imágenes, que las defensas de varios de los acusado, entre ellos, el ex jefe de la comisaría 7ª, Diego Álvarez, aseguran que les fueron ocultados, se trató de desacreditar públicamente esas pruebas con diversas estrategias, intimidación a periodistas que lo difundieron, declaraciones públicas de las defensas y de distintas organizaciones  que afirman que los videos siempre  formaron parte del expediente (aunque las acusados no tuvieron acceso a los mismos) y por último, las declaraciones vertidas por el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Ferrara en un medio local en la que expresa el «total apoyo» de la entidad «a la familia de Franco Casco» e instando «al Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario, a dar la respuesta judicial correspondiente, tendiente a esclarecer lo sucedido, en el juicio oral y público, en el cual se juzga a 19 (diecinueve) policías de la Provincia de Santa Fe».

A título personal

A partir de la entrevista a Ferrara, publicada el miércoles 19 de enero pasado, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario emitió un comunicado repudiando los dichos de su presidente en la misma y asegurando que las declaraciones vertidas en la misma fueron realizadas a título «meramente personal» y no en nombre de los profesionales que dice representar.

«»Venimos por el presente a comunicar nuestro total apoyo en la búsqueda de justicia a la familia de Franco Casco, instando al Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario, a dar la respuesta judicial correspondiente, tendiente a esclarecer lo sucedido, en el juicio oral y público, en el cual se juzga a 19 (diecinueve) policías de la Provincia de Santa Fe», manifiesta Ferrara en el texto de la nota citada, al mismo tiempo que deja «expresamente aclarado que con anterioridad no hemos realizado comunicado público ni expresión alguna, en relación a esta causa, desconociendo a su vez la composición y el objeto de otras Cámaras de Abogados Penalistas, que habrían realizado publicaciones en redes sociales cercanas a la posición de la defensa de los policías acusados, con el fin de instalar la idea de ‘causa armada'».

Además, en dicha nota, repudió la mencionada expresión «por ser contraria a nuestros principios e ideas, desde la cual se rechaza cualquier tipo de hecho de violencia institucional, peticionando históricamente por la investigación y el pronto castigo de los mismos, sumado a que consideraremos de suma gravedad que se pretenda enmascarar detrás de organizaciones gremiales la defensa de intereses personales, más cuando se trata de expedientes judiciales de esta índole». Y remarcó: «Tenemos una posición muy contraria, y no creemos que sea una causa armada, de hecho, creemos que la causa fue armada, como siempre lo hace, por la policía».

Sin embargo, ese mismo miércoles, los abogados penalistas rechazaron públicamente las expresiones de Ferrara, negando que el letrado haya expresado una opinión consensuada por la organización y remarcando que sus declaraciones fueron «a título meramente personal, y de ninguna manera expresan el sentir de la Cámara»

En el texto publicado en la página de Facebook de la Asociación, expresan que «la Cámara se ha constituido fundamentalmente para bregar por los intereses de los abogados penalistas, más NO para tomar partido en causas judiciales por no corresponder a los intereses colectivos de los matriculados» y que «los firmantes no consideran oportuno, ni de buena práctica profesional, verter expresiones sobre causas en trámite, en las cuales no se tiene intervención».