La última vez que fue visto con vida, el 21 de diciembre de 2015, Maxi Sosa tenía apenas tres años. El relato de su desaparición es incompleto y sólo se recontruye de a retazos, como un macabro rompecabezas. Esa tarde el niño se encontraba en la casa de su abuela, en el precario barrio Juan Pablo II, de la localidad de Ceres. Mientras la tía de Maxi dormía la siesta, la abuela fue a visitar a la madre del pequeño, que había dado a luz prematuramente a su segundo hijo y, cuando la mujer volvió al domicilio, el chico ya no estaba. Después de una larga investigación que se repartió entre la Justicia Provincial y la Federal, finalmente, la abuela de Maxi, Patricia Sayago, y su pareja, Ariel Malagüeño, serán enviados a juicio acusados de haberlo secuestrdo. Así lo solicitó este lunes el fiscal federal Jorge Gustavo Onel.

En una primera etapa, la investigación, que comenzó con motivo de una llamada telefónica hecha por la propia imputada el 21 de diciembre de ese año, aproximadamente a las 19:40, dando cuenta de la desaparición de su nieto. estuvo a cargo del Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones de Unidad Regional XII de San Cristóbal y Ceres.

Con esas declaraciones, la primera hipótesis sobre la que se trabajó es que el niño podría haberse caído en una cava cercana a la vivienda, pero la búsqueda no dio resultado. Ni allí, ni en los alrededores. Las medidas de investigación se fueron extendiendo y complejizando y así, a través de la intervención telefónica del telefóno de Sayago, se logró obtener una comunicación entre Patricia Sayago y Ariel Reinaldo Malagueño, en la que se mencionaba que Maxi se encontraría con él en la localidad de Montefiore.

Finalmente la Agencia de Trata de Personas de Santa Fe logró entrevistas y escuchas telefónicas que terminaron con las detenciones de ambos. La conclusión a la que llegó la fiscal Hemilce Fissore fue que la mujer y su pareja sustrajeron al menor, lo retuvieron y lo ocultaron para luego desplazarlo a un destino desconocido».

El MPA los detuvo e imputó por sustracción de menor y falsa denuncia (a Sayago); y después postuló la incompetencia por considerar que podía existir una hipótesis de trata de personas.

Ya en el Fuero Federal, la investigación también imputó a una tercera persona, Pablo Américo Pinedo, un supuesto cómplice que habría ayudado a la pareja a concretar el delito.Ello fue apelado y la Cámara Federal de Rosario solo confirmó el procesamiento por el delito de sustracción de menores a los imputados Sayago y Malagueño, y dictó la falta de mérito

Este lunes, la fiscalía federal de Rafaela, a cargo de Jorge Gustavo Onel, solicitó la elevación a juicio de Patricia Sayago y su pareja Ariel Malagueño por la sustracción de su nieto y una falsa denuncia acerca de su desaparición. El Ministerio Público Fiscal les atribuye haber sustraído a Maxi Sosa del poder de su madre cuando tenía tres años de edad, en la ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe, entre los días 18 y 21 de diciembre de 2015. No obstante el requerimiento para ir a juicio, persisten las medidas probatorias tendientes a establecer el paradero del niño y la investigación de un presunto tercer involucrado.

La presentación les endilga además haberlo retenido y ocultado en el inmueble donde habitaban los imputados, conocido como el “Chalecito”, ubicado en la localidad de Colonia Montefiore, también en Santa Fe, cuanto menos hasta el 26 de junio de 2016. Además, a la mujer se le atribuye haber efectuado una falsa denuncia el 21/12/2015 en la sede de la Comisaría Segunda de Ceres. Allí había afirmado, entre otras cosas, que en esa fecha habría desaparecido su nieto con posterioridad a las 12:00, desde su domicilio de calle Juan Delgado S/N del Barrio Juan Pablo de Ceres. Ello a sabiendas de la inexistencia del hecho denunciado.