En el Nuevo Centro de Justicia Penal y en el marco de la causa donde se investiga el siniestro vial de Monticas fue citada a comparecer ante el juez Pablo Pinto, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD).
“Nuestro gremio desde los primeros momentos de la causa manifestó su decisión de querellar en la misma, no solo para representar a sus miembros que resultaran víctimas directas del siniestro vial, sino, y fundamentalmente, porque entendemos que las condiciones laborales incluyen claramente el transporte público que utilizan les trabajadores para dirigirse a cumplir sus tareas”, señalaron desde COAD.
“En la convicción de que el resultado de esta gestión procesal revisten relevancia para los docentes que surcan a diario las rutas utilizando el transporte público de pasajeros”, agregaron
Ahora bien, en la audiencia la Fiscalía tenía previsto que se realicen las imputaciones “previamente a resolver las pretensión de querellar de nuestra Asociación, así como de la Municipalidad de Casilda, presente también en la Sala de Audiencias de Debate”, contaron desde el gremio.
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“Si bien consideramos a esta decisión al menos desafortunada porque nos priva de estar representados en el juicio antes de que se formulen las imputaciones, permitiéndonos el derecho a participar en la imputativa como acusación privada, entendimos que el impulso fundamental que representa la formulación de las primeras imputaciones en la causa no merecía de ninguna manera ser detenido, por lo cual consentimos que se realice la audiencia sin nuestra presencia”, informó el gremio universitario.
“Esperamos que prosperen las imputaciones e informamos a nuestros afiliados que exigiremos la realización de la audiencia de querella a la brevedad, para ejercer la plena representación de les trabajadores que entendemos no ya como un derecho de COAD sino como un deber gremial”, concliyó la COAD.
Este martes comenzó a gestarse la primer etapa de la causa penal que se sigue en la causa contra directivos de le empresa Monticas por la tragedia de la Ruta 33 ocurrida el 24 de febrero de 2017, que se cobró la vida de 13 personas y dejó un saldo de decenas de heridos.
El fiscal Walter Jurado solicitó al juez Pablo Pinto imputar a cinco empleados de alta jerarquía de la empresa por el delito de “homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas, en calidad de coautores”.
La audiencia pasó a cuarto intermedio mientras el juez decide si acepta la calificación pedida por Jurado.
