Coima al CBU: imputan a policías de Seguridad Vial por “recaudar” $575.000 en controles vehiculares

Tres policías de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe fueron imputados por el fiscal Ezequiel Hernández por los delitos de exacciones agravadas y falsedad ideológica en instrumento público, por dos presuntos pedidos de coimas por más de medio millón de pesos a automovilistas en infracción. Los hechos ocurrieron el último sábado en el kilómetro 27 de la ruta provincial 1, a la altura de la localidad de Los Zapallos, en el departamento La Capital.

De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía Regional 1, los policías realizaban un control vehicular de rutina asignado por la superioridad el último sábado. Alrededor de las 9.20 detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro hombres oriundos de la provincia de Córdoba.

“Al constatar que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) estaba vencida, los policías se abusaron de su situación de poder y les exigieron a las víctimas la entrega de 525.000 pesos para evitar la retención del auto”, aseguró el fiscal Hernández en la audiencia de imputación.

Pero surgió un problema de época: el uso cada vez menos común de dinero en efectivo, y su reemplazos por transacciones electrónicas. “Como resultado de la intimidación, el conductor y sus acompañantes les dieron a los uniformados 200.000 pesos en efectivo, que era todo lo que llevaban consigo”, sostuvo el fiscal.

Transferencia a “la jueza”

Para acercarse al monto exigido, las víctimas les transfirieron a los policías de Seguridad Vial identificados como PJG, MAM y EEM otros 150.000 pesos. Hernández afirmó en base a la evidencia recolectada en la investigación que “a partir de órdenes precisas, enviaron el dinero a una cuenta bancaria que, según dijeron los policías a las víctimas era de ‘la jueza’”, por una presunta autoridad en materia de percepción de multas de tránsito.

El fiscal también manifestó durante la audiencia que “con la intención de darle apariencia de legalidad a su accionar, los imputados hicieron que una suboficial inserte declaraciones falsas en el libro de guardia de la Unidad Operativa Regional 7, que es la dependencia que les corresponde por jurisdicción”.

La pesquisa determinó que hubo otro caso similar, el mismo día. Hernández refirió que “aproximadamente media hora después, los hombres investigados reiteraron la maniobra delictiva”. En ese caso, durante un control detuvieron a un Fiat Siena que, al igual que el primero, tampoco tenía la VTV vigente y sus ocupantes también eran cordobeses.

El fiscal detalló que “les exigieron pagar la multa de 300 litros de combustible premium en efectivo o mediante transferencia a ‘la jueza’”, y añadió que “las víctimas reunieron 220.000 pesos en efectivo y así consiguieron que les permitan continuar hacia su destino”.

El juez de la investigación penal preparatoria, Sergio Carraro, formalizó la acusación realizada por Hernández, y este viernes se debatirá en otra audiencia las posibles medidas cautelares para los tres acusados.