Los cinco imputados por el homicidio y encubrimiento de Gerardo “Pichón” Escobar deberán permanecer detenidos, según la resolución de la jueza de segunda instancia, Georgina Depetris, quien confirmó la prisión preventiva sin plazos.
La segunda jornada de la audiencia de apelación, que había comenzado el pasado viernes 20, en la cual la querella había solicitado el pase de la causa al fuero federal, por considerar que el caso de Gerardo fue “desaparición forzada de persona”, se vivió con extrema tensión a causa de la reacción de los familiares de los imputados ante la resolución de la jueza Depetris de mantener bajo custodia a los detenidos.
Una vez resuelto ese tema, y habiendo determinado que la causa debe seguir su curso en la justicia provincial, la magistrada debió expedirse sobre la prisión preventiva de los cinco imputados, Cristian V., patovica de 36 años, los custodios José Luis C., de 34 años, César A., de 30, y a los empleados policiales Maximiliano A. y Luis Alberto N., ambos de 32.
Los defensores de los mismos habían solicitado a la magistrada su inmediata liberación, por considerar que no existen pruebas contundentes que los incrimine en la muerte de Gerardo Escobar, ya que, como manifestó Ignacio Carbone, uno de los representantes de los imputados, “la Fiscalía basa sus acusaciones en conjeturas porque las cámaras muestran claramente que sus defendidos vuelven al boliche momentos después de ocurrido el incidente en el que presuntamente habían golpeado a Escobar».
«Tampoco se puede establecer las causas de muerte de Escobar, ya que la Fiscalía afirma que lo mataron a golpes pero el informe de autopsia determinó que murió por asfixia y no presentaba fracturas ni hematomas en su cuerpo».
Por lo tanto, Carbone alegó que “que es inadmisible que se mantenga detenidos a mis defendidos cuando todavía no se puede establecer si se trató de un homicidio, un suicidio o un accidente», por lo cual «si aún no se pudo determinar si existió el delito de homicidio, no se puede afirmar que hubo encubrimiento». Además agregó el letrado «los imputados se presentaron espontáneamente a declarar en la causa y entregaron sus teléfonos celulares voluntariamente para que sean peritados».
Por su parte, la Fiscalía, expuso que «la nueva prueba recolectada en el curso de la investigación indica que existen pruebas positivas sobre la responsabilidad de los imputados en la muerte de Gerardo Escobar».
Además, informó que se pedirán estudios complementarios para determinar con mayor precisión en qué circunstancias ocurrió la muerte y además se convocó a una junta médica para que las partes evalúen en forma conjunta los informes de autopsia producidos».
A su turno, la jueza Depetris, quien fustigó duramente a los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria por sus demoras en las presentación de las nuevas pruebas, resolvió confirmar la prisión preventiva de todos los imputados, en tanto que solicitó que “se profundice la investigación”, ya que considera que existen pruebas suficientes para considerar la probabilidad de la autoría de los hechos que se les imputan, el homicidio de Gerardo Escobar y el encubrimiento del mismo.
En sus fundamentos, alegó además que, por los informes y estudios que se hicieron, se puede inferir que la víctima tuvo una muerte violenta.
Por estos motivos, la magistrada decidió avalar la prisión preventiva, ya que la pena que le corresponde a los delitos que se les imputan a los detenidos es de ejecución efectiva.
Además, Depetris consideró que, teniendo en cuenta la posible participación del Estado, en caso de que se compruebe la teoría de la querella, existe el peligro de fuga de los imputados y el entorpecimiento procesal.
Finamente, la jueza estableció 20 días de plazo para que la Fiscalía y la querella presenten las nuevas pruebas ante el juez de primera instancia Luis María Caterina.
En ese sentido, la querella, a cargo del doctor Gonzalo Campana, adelantó que en el transcurso del día de mañana, presentarán un nuevo escrito, en conjunto con la Fiscalía, pidiendo nuevamente el cambio a la Justicia federal ya que hay elementos nuevos que surgieron que no podían ser incorporados en esta audiencia de segunda instancia.
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