Por Carlos del Frade
“Por el rebrote violento, buscan proteger a unas 30 personas ante el riesgo de ataque letal Son hombres «marcados» en las disputas por el control territorial. Cada custodia le cuesta a la provincia $300 mil al mes y algunos la rechazan”, decía el diario “La Capital”, el sábado 21 de abril de 2018.
A doce días de la condena a “Los Monos”, las eufóricas declaraciones de los funcionarios provinciales y nacionales quedaban acribilladas por el peso de la realidad.
73 homicidios en menos de ciento veinte días en la principal ciudad de la provincia de Santa Fe.
A pesar de la disminución de armas extraviadas por la policía; de la presencia de patrulleros inteligentes que le harían “temblar la pera a los harrys”, como dijo el jefe de La Santafesina SA, comisario Villanúa; del descenso de los asesinatos en los años anteriores; los barrios, una vez más, eran el escenario de disputas sangrientas.
Como en cada pueblo latinoamericano, desde los años noventa en adelante, también en Rosario se verificaba una regla inexorable: al deshilacharse las grandes bandas, quedan pequeñas bandas que quieren ser más grandes.
Para lograrlo necesitan mostrar poder de fuego en la conquista de territorios y dominios de los negocios ilegales.
Por eso la lucha se hace más feroz y se producen más asesinatos.
Y, por supuesto, cuentan con la complicidad de los nichos corruptos policiales que liberan la zona.
La tecnología que se adquiere gracias a las sucesivas emergencias en seguridad, sin control legislativo, no alcanzan.
Las pandillas matan cuándo y dónde quieren.
Si la realidad pudiera ser comparada con los círculos del infierno que describió Dante Alighieri en “La divina comedia”, podría decirse que del círculo de la cantidad de homicidios ahora se descendió al círculo de la calidad de los homicidios. Se mata cuando y donde quieren. De lo cuantitativo a lo cualitativo. El problema, entonces, es más profundo y denso.
Decían los diarios que “ante la escalada de violencia letal en Rosario, la provincia busca darle protección a unas treinta personas que aparecen «marcadas» con riesgo de ser atacadas por su vínculo a las bandas que se disputan el territorio. La custodia oficial, 24 horas al día, con patrullero y logística policial incluida, le cuesta al Estado unos 300 mil pesos mensuales. Sin embargo, parte de los hombres que están en peligro rechazan ese cuidado personalizado ya que implica dejar de lado vínculos con el delito y ajustarse a derecho”.
La euforia por las condenas a Los Monos quedaba en la patética galería de las exageraciones.
El martes 17 de abril, el gobernador de la provincia, el ingeniero Miguel Lifschitz “suspendió toda su agenda oficial y se reunió con gran parte de su gabinete, funcionarios y fiscales para articular medidas que aplaquen la creciente ola de violencia. Allí el gobernador instruyó a las fuerzas policiales que profundicen las investigaciones para quitarles poder de fuego a las bandas delictivas que están dirimiendo de manera violenta el control del territorio”, sostenía el diario fundado por Ovidio Lagos.
Mientras algunos funcionarios de segunda línea seguían celebrando las condenas contra Los Monos como un ciclo cerrado de violencia y miedo, la sucesión de homicidios hacían trizas esas muestras de ignorancia y soberbia.
Ahora filtraban a los medios de comunicación que “la saga de violencia de los últimos días se produce tras la sentencia a los líderes de la banda de Los Monos y lucha que están librando segundas y terceras líneas por el control territorial. En ese sentido, en el Ministerio de Seguridad tienen identificados a unas 30 personas que aparecen «marcadas», con serio riesgo de ser atacadas en esta sucesión de venganzas”.
-El tema es que lo están haciendo de manera letal, afectando también a terceros inocentes. Y esos enfrentamientos repercuten en toda la sociedad. Hay que ponerle un límite a través de la prevención, la investigación criminal y la saturación policial en las zonas más conflictivas – le dijeron al periodista Guillermo Zysman pero prefirieron permanecer en el anonimato.
Las condenas a los jefes de “Los Monos” no significan un golpe ni al narcotráfico ni al contrabando de armas ni a la violencia como negocio, simplemente generan cambios en el gerenciamiento de estas actividades.
Como dicen los mexicanos: cambian los jugadores pero el juego sigue siendo siempre el mismo.
Fuente: Diario “La Capital”, sábado 22 de abril de 2018.
