La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare pidió a la Justicia que se investigue por el delito de aceptación de dádivas al grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia por el delito de «aceptación de dádivas», a raíz de un viaje que realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, provincia de Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.
Los investigados en esta causa son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.
Los involucrados mantuvieron conversaciones en un grupo de chat, en el cual se coordinaban estrategias para dar versiones falsas sobre los motivos de ese viaje, según se desprende del contenido de los mensajes que intercambiaron y que trascendió en los últimos días en varias informaciones periodísticas.
Etchepare consigna en su pedido de investigación por dádivas que inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de octubre pasado viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.
El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia. «Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía», remarca la funcionaria judicial.
En la presentación, la fiscal afirma además que el avión pertenece a una empresa que posee un nombre de «fantasía», conocido como «Flyzar», que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.
«A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad «contado» y que el pago se realizara el mismo día del vuelo», remarca la fiscal.
Etchepare indica que «en cuanto a los pasajeros arribados» a Bariloche ese día «no figura en ninguno de los vuelos el ex presidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A, Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo».
Además, la integrante del Ministerio Púbico Fiscal detalla haber requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) «la remisión de las filmaciones aptadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado».
«Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia ‘Lago Escondido’, puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de «Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia», añade.
Y completa: «En las imágenes, aquél está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados».
Etchepare comprobó además que los pasajeros fueron abordados directamente en la pista de aterrizaje por dos camionetas del alta gama que los llevó a la estancia, y en función de ellos pide explicaciones a las autoridades aeroportuarias por la supuestamente falta de controles.
Por eso para la fiscal, «si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios».
Los participantes de ese encuentro «se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara», dice luego el texto.
«A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas ‘al contado’ e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa», afirma Etchepare.
En ese sentido, considera que los hechos podrían encuadrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública en infracción a los artículos 248, 256, 256 bis, 257, 258 y 291 del Código Penal, y solicita que el denunciante sea aceptado como querellante.
Además, solicita que disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados junto con el de las compañías «Hidden Lake S.A.» y «Servicios y Emprendimientos
Aeronáuticos S.A.» a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente».
En las conversaciones del grupo de chats que integraban los involucrados, Ercolini y Juan Bautista Mahiques afirmaban que Etchepare había aceptado las a sugerencias de cerrar la causa sin mayor trámite, una vez que se presentó la denuncia.
Revelaciones
La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de «dádivas» por parte de magistrados y funcionarios.
El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, un vuelo que sería revelado por Página 12 en su edición del 17 de octubre, el mismo día en que los protagonistas de la escapada crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.
El hecho curioso de que cuatro jueces, un ministro de CABA, un empresario especializado en campañas digitales y un exmiembro de la AFI de Cambiemos llegaran todos juntos en un avión privado al aeropuerto de Bariloche para trasladarse luego a la inmensa propiedad del británico Joe Lewis en las afueras de El Bolsón circuló enseguida en las redes sociales de los pobladores de la zona, y dos concejalas del Frente de Todos se hicieron eco de la novedad, Roxana Ferreyra (Bariloche) y Rosa Monsalve (El Bolsón).
Tras la difusión por Página 12 de la lista de pasajeros del vuelo 26.917 confeccionada según la disposición 366/2018 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por «mal desempeño de sus funciones» contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en «graves desórdenes» de conducta en tanto magistrados.
Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D’Alessandro y los directivos de Clarín Casey y Rendo, intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de «dádivas» (recibir regalos o prebendas que son entregadas «en consideración de su oficio» y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py.
En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble -proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con «mosca», al no ser temporada-, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.
En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la PSA, José Glinski, a quien el ministro porteño D’Alessandro dice que meterá preso si Juntos por el Cambio llega a la Presidencia («Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida»); también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del FdT, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.
