En la audiencia convocada por el juzgado de 1º Instancia Circuito de la 4ta nominación que presidió el juez Eduardo Arichuluaga, las partes desestiman cualquier posible desalojo, por lo menos en un horizonte cercano, se acordó un censo de los vecinos consolidados en el barrio y se exigió el compromiso asumido por los privados, el municipio y los vecinos en el decreto municipal del 2006.
El integrante de la Concejalía Popular, Nire Roldán expresó que “hay una esperanza y ese una alegría para los vecinos de La Bombacha”, el resultado de la audiencia.
Ya que se acordó “entender al barrio como un todo, pensar en su urbanización, trabajos de calles, servicios de cloacas, etc. Requiere de un relevamiento exhaustivo y un compromiso de garantizar el derecho de todos los vecinos”, sostuvo Nire Roldán.
El municipio que no es parte directa, pero que concurre a las audiencias, celebró un convenio con los dueños del terreno, acordó que la salida no es el desalojo, si no una concertación para evaluar futuras urbanizaciones.
Además, el equipo jurídico del Centro de Estudios de la Concejalía Popular presentará un escrito para exigir el censo de familias de manera urgente, un reordenamiento, urbanización y saneamiento del predio con el objeto de establecer los derechos de hábitat que tiene la población establecida en la zona para que les sean reconocidos sus derechos garantizados en la Constitución Nacional al acceso a una vivienda digna y justa, ya que desde hace años los vecinos han construido un barrio, algunos como propietarios, otros como asentados hace más de 20 años y bregan por una vivienda propia, pagando servicios eléctricos, y autoconstruyendo sus viviendas.
