Tras un año de investigación, efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Investigaciones de Rosario realizaron 31 allanamientos en Rosario y otras localidades, donde demoraron a 20 personas de entre 21 y 69 años, en el marco de una investigación por juego clandestino. Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Gustavo Ponce Asahad, de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio.

Los procedimientos, realizados durante la madrugada de este martes, tuvieron epicentro en la ciudad de Rosario y se multiplicaron en las ciudades de San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez, Funes, Acebal, Villa Mugueta y uno en Villa Bosch, provincia de Buenos Aires.

Como resultado se procedió a la aprehensión de Luz Z. (21), Leonela B. (22), Micaela C. (23), Micaela R. (23), Juan Ramón G. (25), Mayra C. (28), Matías M. (30), Yanina R. (32), Claudio Z. (34), Alejandro Z. (35), Cristian C. (35), Héctor M. (37), Mónica D. G. (40), Silvia M. (44), Daniel C. (45), Silvio M. (56), José E. (62), Edileusa S. (69), Guillermo C. y Mauricia J.

En tanto se procedió al secuestro de más de 150 computadoras completas, compuestas de CPU, monitores, mouse y teclados, una pistola calibre 9 milímetros, 18 proyectiles, una escopeta calibre 16, un arma casera tipo “tumbera”, un rifle de aire comprimido, una importante suma de dinero en efectivo en pesos y en dolares, cheques, un chaleco balistico, y dos automóviles, un Kia Sorento y un Chevrolet Cruze. También se incautaron tablets, fichas de ruleta, mazos de cartas, una mesa de paño, otros elementos electrónicos y una importante cantidad de documentación de interés para la causa.

Los demorados serán imputados por el delito estipulado en el artículo 301 bis del Código Penal donde se encuentra configurado la pena “para todo aquel que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar”.

Según informaron los investigadores, la causa se inició hace aproximadamente un año con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos a cargo de los fiscales Carizza, Benvenutto y Pedrana y luego fue remitida a Gustavo Ponce Asahad.