La Justicia avanza sobre los Kovalivker en la causa Andis y procesa al jefe de seguridad de Nordelta
El expediente ya derivó en el procesamiento de 19 personas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
La causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ingresó en una fase clave con la apertura del servidor informático secuestrado en la Droguería Suizo Argentina, empresa propiedad de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Para el fiscal federal Franco Picardi, el análisis de ese material puede resultar determinante para profundizar la hipótesis sobre el “rol preponderante” que habría tenido la firma dentro del organismo. A la par, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad del barrio privado Nordelta, donde reside el mencionado Jonathan Kovalivker.
El expediente ya derivó en el procesamiento de 19 personas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que funcionarios de la Andis y empresarios del sector salud habrían integrado una organización destinada a direccionar contrataciones y obtener beneficios económicos indebidos.
Si bien la Droguería Suizo Argentina no fue incluida en la primera tanda de procesamientos, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de nulidad presentado por los Kovalivker, lo que confirmó que la empresa continuará bajo investigación. La resolución señaló que la firma aparece mencionada en múltiples comunicaciones y registros incorporados a la causa.
Según la fiscalía, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la Andis habría operado como una “ventanilla de pagos millonarios” con procedimientos que no garantizaban principios de transparencia y competencia. En ese contexto, la droguería fue beneficiada en un año con compras por aproximadamente 55.000 millones de pesos, volumen que ahora se encuentra bajo análisis.
En el expediente figuran conversaciones en las que se alude a la necesidad de “tener gente con la bandera correcta”, junto al emoji de la bandera suiza, así como referencias a “el helvético”. De acuerdo con la hipótesis fiscal, a través de ex funcionarios procesados como Pablo Atchabahian y Matías Garbellini, la empresa habría tenido influencia en decisiones administrativas internas, incluso en despidos de personal.
El comportamiento de los empresarios durante los allanamientos también quedó bajo escrutinio. Jonathan Kovalivker estuvo cuatro días sin presentarse ante la Justicia tras un procedimiento en su domicilio y entregó posteriormente un teléfono celular reseteado de fábrica. En el vehículo de Emmanuel Kovalivker, interceptado en Nordelta, las fuerzas de seguridad hallaron 266.000 dólares distribuidos en sobres y siete millones de pesos en efectivo. En la vivienda allanada se encontró una caja fuerte abierta con escaso dinero en su interior.
Los investigadores consideran que el análisis técnico del servidor permitirá reconstruir movimientos económicos, comunicaciones y eventuales directivas impartidas desde la empresa hacia el organismo estatal. Con esta nueva instancia probatoria, la causa Andis suma un elemento que podría resultar decisivo para determinar el grado de participación de la Droguería Suizo Argentina y de los hermanos Kovalivker en el presunto entramado de corrupción público-privado vinculado a la compra de medicamentos de alto costo.
Otro procesamiento
La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad del barrio privado Nordelta, por su presunta intervención para obstaculizar el allanamiento realizado en agosto de 2025 en la vivienda del empresario Jonathan Kovalivker.
De Vicentis había sido procesado por el entonces juez federal Sebastián Casanello por los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo del acto funcional y encubrimiento. Según la investigación, el 21 de agosto del año pasado, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad se presentaron en la garita de seguridad para ejecutar la orden judicial, el jefe de seguridad realizó llamados insistentes para interiorizarse sobre el procedimiento e impartió instrucciones internas para no facilitar información.
La causa también incorporó mensajes enviados al grupo de WhatsApp “Supervisores AVN”, integrado por personal de seguridad del barrio, en los que De Vicentis habría advertido que ningún agente debía suministrar datos sobre identidad, ingresos o egresos de vecinos sin intervención del área legal. Para los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral, las evidencias reunidas resultan suficientes para respaldar la decisión judicial y sostener que existieron maniobras orientadas a entorpecer el diligenciamiento del allanamiento.
El episodio derivó en la huida de Jonathan Kovalivker a bordo de un Audi, en momentos en que la orden judicial estaba siendo ejecutada. Posteriormente, también se detectó un llamado al 911 denunciando la presencia de “falsos policías”, realizado desde un teléfono registrado a nombre de la Asociación Vecinal Nordelta.
La confirmación del procesamiento se produce en un contexto de reconfiguración del expediente principal. Tras la salida de Casanello, el juez federal Ariel Lijo quedó al frente del Juzgado Federal 11 de Comodoro Py, donde tramita la causa Andis. El fiscal Franco Picardi continuará al frente de la investigación.
En el expediente ya fueron procesadas 19 personas, entre ellas el ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita. La investigación apunta a un presunto entramado de corrupción institucional mediante el cual el organismo habría sido utilizado para direccionar contrataciones y favorecer a determinados proveedores del sector salud.