La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución se presentó este lunes en los tribunales federales de Rosario como querellante en la causa que investiga la participación de exdirectivos de Acindar en el operativo desplegado por fuerzas policiales y paramilitares el 20 de marzo de 1975. En esa acción represiva fueron asesinados 30 obreros y más de 300 trabajadores fueron secuestrados, torturados y encarcelados.
El gremio se sumó así a 19 sobrevivientes y familiares de víctimas del hecho, que se presentaron este lunes como querellantes en la causa. Nucleados en la Mesa de la Memoria la Verdad y la Justicia de Villa Constitución, se suman a 11 querellantes anteriores, todas bajo la representación legal de Gabriela Durruty, Jésica Pellegrini y Federico Pagliero, integrantes del equipo jurídico de APDH Rosario.
«Hoy venimos a presentarnos en representación de la Unión Obrera Metalúrgica, porque la mayoría de los represaliados en la causa de Villa Constitución fueron los trabajadores de las empresas de la zona. Esta etapa de los juicios se ha centrado en el esclarecimiento de los autores y participes civiles de ese terrorismo de Estado. Ese terrorismo de Estado no hubiera sido posible sin la colaboración, e incluso la autoría, de los propios empresarios o gerentes de las empresas», contó la abogada y diputada provincial, Matilde Bruera.
Bruera estuvo acompañada del abogado Santiago Bereciartua, con quien hizo la presentación formal este lunes en los tribunales federales de Rosario en representación de la UOM por los hechos trágicos de aquel marzo de 1975. «Más que nada tiene que ver con la represión que sufrieron quienes pertenecían a la clase trabajadora de todo el cordón industrial, que apoyó a todos los compañeros y compañeras que resistían en aquel momento», explicó Bereciartua.
«No solo resistían frente a las medidas económicas que se tomaban hacia el interior de la fábrica para quitarles los derechos conseguidos, sino también como sujetos pasivos de lo que termina siendo el plan sistemático de represión e instauración de un orden económico, social y demás. Aquí vamos a pretender que se siga investigando, tal como viene avanzando la causa, las responsabilidades de aquellos delincuentes de cuello blanco. que también digitaron todo el plan sistemático», remarcó.
Tal recordó el abogado, las responsabilidades civiles y empresariales deben ser desentramadas y juzgadas para avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia, ya que fueron esas alianzas las que otorgaron la información necesaria para llevar a cabo la represión a los trabajadores.
«Ellos les daban toda la información necesaria para que repriman y después compartieron los mismos objetivos e intereses de la dictadura militar. Bien sabemos que (José Alfredo) Martínez de Hoz fue presidente de Acindar y pasó a ser el ministro de Economía de la dictadura. Esto es una demostración clara de que la represión no se daba solamente en el cuerpo de los trabajadores, sino que iba mucho más allá. Se buscó el disciplinamiento de la clase trabajadora para que no haya oposición de parte del pueblo a sus recetas económicas que venían del norte», detalló Bereciartua.
Bruera y su compañero aseguraron que se sumarán a las otras querellas para seguir empujando una causa considerada emblemática para la región y todo el país. La APDH informó que acompaña a sobrevivientes y familiares desde 2013, año que patrocinó la denuncia que dio inicio a la causa penal.
