El empleado informático Diego Lagomarsino fue citado hoy a declaración indagatoria para el próximo martes, acusado de haber sido «partícipe necesario» en el homicidio del fiscal Alberto Nisman, ocurrido el 18 de enero de 2015.

Luego de que un peritaje de Gendarmería Nacional asegurara que Nisman fue asesinado, el juez federal Julián Ercolini firmó la indagatoria pedida por el fiscal Eduardo Taiano para el próximo martes, mientras que los abogados de Lagomarsino solicitaron la eximición de prisión para intentar que su cliente no quede detenido al presentarse en los Tribunales de Comodoro Py.

En tanto, durante esta noche continuaba un allanamiento en el departamento que el ahora imputado tiene en la localidad bonaerense de Martínez.

Además de Lagomarsino fueron convocados para el 21 y 22 de noviembre los policías federales Luis Muiño, Armando Niz, Rubén Benitez y Néstor Durán, quienes tenían a cargo la custodia de Nisman y fueron acusados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Niz y Muiño habían sido indagados por la primera jueza de la causa, Fabiana Palmaghini, quien decretó sobre ellos la falta de mérito, esto es, que la prueba no alcanzaba para que fueran procesados, pero tampoco para desvincularlos de la investigación.

Sobre los custodios, consideró ahora la Fiscalía que, en realidad, posibilitaron el ingreso del arma homicida, franquearon el acceso de los ejecutores y permitieron su posterior salida de manera impune.

En su pedido, Taiano solicitó que Lagomarsino esté «sujeto a proceso», a lo que Ercolini respondió con una orden para que se le coloque una tobillera electrónica para controlar sus movimientos.

El magistrado también dispuso que el ex empleado de Nisman se presente cada quince días en el Juzgado y que no pueda alejarse a más de 100 kilómetros de su residencia sin autorización previa.

Actualmente, Lagomarsino tiene custodia de la Gendarmería, pero ahora se le sumará el control de la tobillera, a cargo del Ministerio de Seguridad, a fin de evitar una eventual fuga.

En su requerimiento, Taiano sostuvo que Lagomarsino fue parte de un plan criminal, cuyo rol fue la entrega del arma homicida, y consideró que para encubrir el hecho se montó una escena de suicidio en el baño de su departamento de las torres Le Parc de Puerto Madero.

«Este accionar fue posible debido a la relación de confianza que tenía con Nisman, situación que le permitió acceder tanto a la vivienda como a sobrepasar la custodia», consignó la Fiscalía en su dictamen.

Además, señaló que Lagomarsino no contaba con la debida autorización legal para portar el arma bersa calibre 22, la cual tenía vencida desde el 1 de abril de 2007.

La causa inicialmente estuvo a cargo de la fiscal de instrucción Viviana Fein y la jueza de instrucción Palmaghini, pero el 20 de septiembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia decretó que el caso debía ser investigado por la Justicia Federal, al entender que Nisman había muerto como consecuencia de su labor al frente de la Unidad AMIA.

Semanas atrás, y tal cual lo pidió la Fiscalía, unos 28 integrantes de Gendarmería Nacional establecieron a partir de una junta interdisciplinaria que a Nisman lo mataron: el equipo a cargo del comandante mayor Orlando Livio Caballero aseguró que, previo al crimen, al fiscal lo «quebraron» a través de la ingesta de ketamina, un poderoso sedante usado para caballos, y golpes en todo su cuerpo.

Finalmente, establecieron que fueron dos las personas que cometieron el asesinato en el baño del piso 13 de torres Le Parc: uno manipuló el arma mientras que el otro lo asistió y luego acomodó el cuerpo.

Taiano evaluó que ese peritaje fue el «único» que tuvo en cuenta todas las evidencias con «diversas disciplinas».

«Se brindó una respuesta razonada y fundada a muchas cuestiones que hasta el día de la fecha no habían sido zanjadas», indicó Taiano.