El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy la apertura de cajas de seguridad que pertenecen al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y del ex funcionario Carlos Santiago Kirchner en el marco de la causa por fraude con la obra pública.
Fuentes judiciales informaron que la orden la dio el juzgado tras el pedido de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, para hacer apertura de las cajas de seguridad, que hasta el momento estuvieron franjadas y ahora se abrirán.
La medida tiene lugar en la causa por presunto fraude en la obra pública en perjuicio del Estado al direccionar bienes hacia el empresario Lázaro Báez.
Son en total siete cajas de seguridad pertenecientes a los ex funcionarios, López y De Vido detenidos en el marco de otras causas.
La batería de medidas había sido pedida por los fiscales quienes además habían reclamado afectar los bienes de los distintos imputados a los embargos dictados junto con los procesamientos en esta causa.
Son en total más de 140 bienes pertenecientes a Cristina Kirchner, de Báez (en su mayoría propiedades), De Vido; López; Carlos Kirchner; al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros; «así como también, los bienes que han sido cedidos a título gratuito» por la exmandataria a favor de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner.
Ercolini dispuso afectar al embargo de Cristina Kirchner y sus hijos por un total de 25 inmuebles que corresponden a la sucesión de los hijos de la ex presidenta, Florencia y Máximo.
En tanto, el embargo que se ejecuta recae sobre 81 propiedades, cuatro vehículos y participaciones accionarias en tres firmas por parte del ahora detenido Lázaro Báez.
De Vido cuenta con, además de las cajas de seguridad, una propiedad y dos vehículos; en tanto que sobre José López siete inmuebles, una embarcación y un auto; y Carlos Santiago Kirchner tiene ocho propiedades, una embarcación, siete vehículos.
Las medidas patrimoniales buscan hacer efectivo embargo que se trabó en la causa, por 10.000 millones de pesos sobre cada uno de los procesados, entre ellos Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez.
