Persecución política y criminalización de la protesta: liberaron a tres detenidos por el escrache a Espert
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, firmó las dos actas con sus excarcelaciones. En ambos casos fue a cambio de una caución de entre $5.000.000 y $15.000.000.
La Justicia excarceló este sábado a Aldana Sabrina Muzzio, Iván Nicolás Díaz Bianchi y Candelaria Montes, tres de los cinco detenidos tras realizar presuntos actos de vandalismo contra el domicilio del diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, que incluyeron la colocación de excremento frente a su hogar.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, firmó las actas con sus excarcelaciones. En ambos casos fue a cambio de una caución de entre $5.000.000 y $15.000.000.
También se dispuso la prohibición de «acercamiento a un radio de 500 metros, y/o todo tipo de contacto» con el diputado Espert, su familia y su domicilio. Ambos estaban alojados en la sede de la División Unidad Operativa Federal San Isidro de la Policía Federal Argentina (PFA).
«Conceder la excarcelación a Aldana Sabrina Muzzio, de las demás condiciones personales obrantes en los autos principales, bajo caución real por el monto de $5.000.000 -cinco millones de pesos (artículo 323, del Código Procesal Penal de la Nación)», dice el documento judicial. Mismo escrito para el caso de Díaz Bianchi, pero con la diferencia de que la caución se eleva a $15.000.000.
En ambos casos tendrán la «obligación de comparecer semanalmente (todos los martes)» ante el Juzgado, no podrán «ausentarse de su domicilio y/o lugar de trabajo por un lapso mayor a 48 horas, sin debida autorización del tribunal» y tendrán prohibido salir del país, además de no poder acercarse al domicilio del diputado y su familia.
«Prohibición de acercamiento a un radio de 500 metros, y/o todo tipo de contacto con las víctimas José Luis Espert, Maria Mercedes González y sus hijos Manuel y Lorenzo Iglesias, como así también al domicilio en el cual residen: Brasil 785 de la localidad de Beccar, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires», detalla el texto.
Además, según indicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en redes sociales, Alesia Abaigar, otra de las imputadas, ya se encuentra en su domicilio.
En su publicación, la organización no gubernamental aseguró que la causa «no es consistente» y cuestionó la continuidad de la prisión preventiva de la concejal quilmeña Eva Mieri, cuya solicitud de medidas alternativas fue rechazada por el juzgado.
Los argumentos utilizados para mantener a Mieri detenida fueron calificados como «legales pero equivocados» por el CELS, quien denunció que «el aparato punitivo del Estado está siendo utilizado para perseguir una acción política».
Las detenciones y la prisión preventiva fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y referentes políticos, quienes interpretaron que detrás de la causa existe un intento de criminalizar la protesta política y judicializar la disputa partidaria.