Los abogados de la Administración Federal de Ingresos Pùblicos (AFIP) y de la Aduana, que representan a la querella en juicio por la causa «Carbón Blanco», en la que se investiga el tráfico de una tonelada de cocaína a Portugal, reclamaron hoy que los acusados sean condenados a penas de entre 16 y 28 años de prisión.
Al alegar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, Chaco, los querellantes solicitaron 28 años de prisión para el abogado Carlos Salvatore (58) y el empresario Patricio Daniel Gorosito (64); 23 años de encierro para los comerciantes Carlos Pérez Parga (60) y Héctor Angel Roberto (61) y 16 de càrcel para Rubén Félix Esquivel (56).
Para los abogados de AFIP y Aduana todos ellos fueron coautores de contrabando agravado de estupefacientes y de conformar una asociación ilícita de más de tres personas.
Los jueces jueces Eduardo Ariel Belforte, Ramón Luis González y Aldo Alurralde continuaban esta tarde con los alegatos de la partes, ya que aún restan los del fiscal y las defensas.
En la causa «Carbón Blanco» se investiga el tráfico de una tonelada de cocaína a Portugal, oculta en embarques de carbón vegetal que previamente había sido procesado y empaquetado en la localidad chaqueña de Quitilipi.
Según la jueza chaqueña que instruyó la causa, Zunilda Niremperger, el líder de la banda fue Salvatore, quien está preso en la cárcel de Ezeiza, desde donde siguió el juicio por videoconferencia.
Para los fiscales, Gorosito era quien se encargaba de realizar las operaciones en Europa, al tiempo que Roberto era enlace entre los dos primeros, Parga era el gerente de producción y Esquivel estaba a cargo de la planta en Quitilipi.
El contrabando de cocaína se dividió en tres envíos: el primero fue descubierto el 8 de marzo de 2012, cuando se secuestraron 380 kilos de esa droga en la localidad portuguesa de Cabanas do Chao, cerca de Lisboa, en el marco de una supuesta exportación de carbón proveniente de Chaco.
Según la acusación, la droga estaba entremezclada con bolsas de la empresa Carbón Vegetal del Litoral que habían sido enviadas desde Quitilipi e inspeccionadas primero por la aduana de Barranqueras y luego en el puerto de Buenos Aires.
El segundo de los hechos ocurrió cinco días después cuando en una requisa de dos contenedores de la misma firma que se encontraban en las terminales 1, 2 y 3 del puerto porteño e iban a ser embarcados a Portugal se hallaron bolsas que contenían 519 kilos de cocaína. Y el 11 de abril del mismo año, también en Lisboa, fueron secuestrados 152 kilos de esa droga en un contenedor de Carbón Vegetal del Litoral.
Durante la pesquisa, se determinó que Salvatore tenía participación en 20 sociedades comerciales de distintos rubros y con cuentas bancarias y propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos, tras lo cual quedó procesado en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En ese expediente, la jueza Niremperger dictó embargos para los procesados -entre ellos, la esposa, la hija y el suegro de Salvatore- por más de 1.600 millones de pesos.
Además, el abogado es investigado en la justicia federal porteña por la supuesta promesa que le hizo a su esposa de asesinar a la magistrada y que se descubrió a través de una serie de escuchas telefónicas.
Sin embargo, 48 horas antes del inicio de los alegatos, Salvatore recibió una buena noticia: la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia declaró la incompetencia de la jueza Niremperger para entender en la causa abierta para investigar el lavado de activos proveniente del narcotráfico, lo que mañana será apelado por la fiscalía.
