La polémica no tiene fin. Y cada una de las partes tiene algo para decir. Mientras por su parte, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro aseguró que «van a dar con los responsables materiales e intelectuales de los ataques a diferentes jueces que formaron parte del Tribunal que juzgó a Los Monos, desde el Colegio de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura expresaron su profunda preocupación por la falta de avances en la resolución de los atentados, a dos meses de haber comenzado los mismos.

Luego de la difusión de un comunicado por parte del organismo, en conferencia de prensa, Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados manifestó, en primer término «un profundo grado de preocupación ante el avance de estos hechos reflejados en la ciudad de Rosario, de claro contenido intimidatorio hacia el funcionamiento de uno de los poderes del Estado». Salvador también expresó la solidaridad con Marisol Usandizaga, jueza a la que fue dirigido el último de los ataques.

«En nuestro posicionamiento institucional queremos reflejar nuestra preocupación ante la situación que se viene evidenciando, en la cual,  a dos meses de primero de los hechos de esta naturaleza manifestado a través de ataques a domicilios que tienen relación con integrantes del Tribunal que intervino en una causa de resonancia pública, el escaso avance en la investigación» enfatizó Salvador. «Queremos hacer hincapié en que, más allá de la exigencia de nuestra parte en reclamarle a los organismos competentes de llevar adelante la seguridad en materia de prevención también queremos hacer hincapié en el escaso índice de analisis resolutivo de estos hechos. Y acá queremos también hacer un firme planteo al Ministerio Público de la Acusación, que es el encargado de llevar adelante la investigación, conjuntamente con las fuerzas de seguridad, provinciales y federales. Y lo que estamos evidenciando es que, a dos meses de estos hechos, no tenemos una definición de un resultado concreto en cuanto a quienes fueron los autores materiales o intelectuales».

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Salvador suavizó un poco su crítica al considerar que «se están haciendo los esfuerzos», pero señalo también que «por deficiencias en la investigación o por imposibilidad de obtener resultados concretos, los mismos no están dando resultados fructíferos».

«Los jueces penales van a seguir cumpliendo su rol y su trabajo como lo han hecho hasta ahora, no hay temor, bajo ningún aspecto de seguir adelante con el camino que se han tendido de prestar el servicio de justicia. Y también consideramos que la puesta a disposición del Poder Ejecutivo en lo que hace a la seguridad personal de los magistrados está siendo cumplida», concedió el magistrado. Pero también, en contraposición expresó: «Lo que sí, nosotros no podemos seguir tolerando este nivel de amedrentamiento y de intimidación por hechos que no pueden ser resueltos y que van más allá de una seguridad personal de los magistrados. «No podemos dejar pasar que a dos meses de que esto comenzó, no hay una definición concreta».

Por su parte, Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, expresó que «no hay situaciones comparables» a lo que está ocurriendo en Santa Fe y expresó su más profunda solidaridad con la jueza Marisol Usandizaga.  «Lo que queremos expresar desde la Federación Argentina de la Magistratura es el acompañamiento a todas las acciones desplegadas por el Colegio de Magistrados de la provincia de Santa Fe y, particularmente expresar nuestra solidaridad con la doctora Marisol Usandizaga que ha sido objeto de estas últimas acciones».

«Entendemos, desde la Federeación que debe provenir desde la fuerza de seguridad provincial, desde la estructura provincial una determinación contundente para hacer cesar estos hechos que al día de hoy constituyen una provocación a todos los poderes del Estado»