El fiscal Marcelo Degiovanni, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, solicitó ante el Juzgado Federal N° 3 que se reciba declaración indagatoria a 21 integrantes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Franco Casco.
De acuerdo al representante del MPF, los testimonios recolectados durante la instrucción así como los demás elementos de prueba obrantes en el expediente certifican que la víctima estuvo detenida en la Comisaría 7ª durante la madrugada del 6 de octubre de 2014, en la que se suscitaron los gritos y golpes que pudieron escuchar los internos, por lo que la falsedad de las actuaciones policiales confeccionadas en torno al caso resulta “palmaria”.
Asimismo, del análisis de los resultados obtenidos a partir del hallazgo del cadáver (el que había sido arrojado al río Paraná), se pudo establecer que la víctima, tras su desaparición, recibió al menos un fuerte golpe en vida que le provocó el desprendimiento de tres dientes. En relación a la presencia de signos de sumersión, es decir, del ingreso de agua al torrente sanguíneo en vías aéreas y pulmones, se determinó que no se encontró plancton en ninguno de los estudios efectuados que evidenciara su presencia, lo que implica que no sufrió asfixia por sumersión, sino que cayó sin vida al río Paraná.
“De estos veinticuatro testimonios de personas que estuvieron detenidas en la Comisaría 7ª, se concluye, como dato inocultable y concluyente, que el personal de esa dependencia realizaba –cotidianamente- sobre los jóvenes allí alojados tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”, señaló el fiscal.
La causa
El cuerpo de Franco Casco permaneció desaparecido durante 22 días hasta que fue hallado el 30 de octubre por la Prefectura Naval Argentina en el Río Paraná. Había sido visto por última vez entre el 6 y el 7 de ese mismo mes en la Comisaría 7ª de Rosario.
Según le explicaron a la familia, la Policía provincial lo había aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad y que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, aunque afirmaron que luego fue liberado. Sin embargo, nunca llegó desde Rosario –había viajado a visitar a una tía- a Retiro, donde lo esperaba su madre, Elsa, a quien la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibió en diciembre de 2014.
Fue la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) la que planteó el caso como una desaparición forzada de personas y el traslado de la investigación a la justicia federal. A partir de ahí, el juez Carlos Vera Barros delegó el expediente a la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, a cargo del fiscal Marcelo Degiovanni.
En julio de 2015, a pedido del fiscal Marquevich -quien intervino luego que Degiovanni fuera asignado en la Fiscalía Federal N°3- el juez Vera Barros dispuso el allanamiento de la Comisaría donde estuvo alojado Casco y la inspección ocular del lugar donde apareció el cadáver. Allí se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, libros de registro y documentación y distintas muestras relevantes para el caso. Tres días después, también por pedido de los representantes del MPF el titular del Juzgado Federal N°3 de Rosario ordenó la realización de una reautopsia, para concretar análisis tanatológicos, radiológicos, químicos, odontológicos y antropológicos.
Pistas falsas
La presentación del fiscal señala el aporte “indispensable” efectuado por personal de la División de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Santa Fe –a cargo de la investigación encomendada en un primer momento por la justicia provincial para la averiguación del paradero de Casco- quienes “desatendiendo los indicios concretos con los que contaba la búsqueda”, desviaron “interesadamente” su investigación hacia pistas falsas con el objeto de eludir cualquier posible determinación de responsabilidades funcionales en cabeza de los funcionarios policiales de la Comisaría 7ª.
“En efecto, los encargados de investigar la desaparición de Franco Casco, no tomaron medidas de prueba fundamentales en relación a la Comisaría, ni analizaron de ningún modo las irregularidades del sumario policial. Por el contrario, la investigación que desarrollaron se direccionó únicamente a la búsqueda de una persona ‘perdida’, cuando deviene con toda claridad que si la investigación es encomendada a la división de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Santa Fe, es porque corresponde determinar la existencia de una posible vinculación del personal policial que depende de la misma autoridad política, con la perpetración de algún hecho delictivo”, agregó.
Por otra parte, este jueves los abogados Guillermo Campana, Salvador Vera y Nicolás Vallet, quienes representan a la hermana y el hijo de Franco, junto a la Defensoría de la Nación que representa al papá del joven acompañaron el pedido formal a indagatorias para los 21 policías de la comisaría 7ª sospechados de haber participado en la desaparición forzada.
Luego de la presentación formal, las querellas brindaron una conferencia de prensa junto a la Multisectorial Justicia por Franco Casco y Multisectorial Contra la Violencia Institucional donde leyeron un comunicado.
El comunicado:
Una detención arbitraria por portación de rostro. Golpes y torturas hasta matarlo dentro de un calabozo de la Comisaría 7ma. Silencio ante su padre, su madre y las organizaciones sociales y políticas que desde un primer momento acompañamos exigiendo primero la aparición con vida y luego justicia por el crimen. Encubrimiento de los poderes judicial y político de la provincia de Santa Fe. Así se configuró durante estos dos años y diez meses la desaparición forzada de Franco Casco. En octubre de 2014 había venido desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, a visitar a familiares en el barrio Empalme Graneros. Cuando quiso volver a su ciudad, no pudo. Se topó con la policía santafesina, la misma que ese año mató otros trece pibes, la misma que aumentó la cifra el año siguiente. Franco tenía 20 años. Era peón de albañil. Hincha de River. Tenía un hijo pequeño y, como cualquier pibe, tenía sueños, que ahora se reproducen el recuerdo de sus allegados.
Pasaron dos años y diez meses. La causa que investiga la muerte de Franco fue derivada al fuero Federal bajo la carátula de desaparición forzada de persona. Lo dijimos desde un primer momento, aunque las maniobres del poder judicial y el discurso de funcionarios del poder ejecutivo intentaban desviar nuestro reclamo, criminalizando a la propia víctima, culpándola de su propia muerte. Pasaron dos años y diez meses: ahora son 21 efectivos de la fuerza provincial, entre empleados de la Comisaría 7ma y de la división Asuntos Internos, quienes serán indagados. Exigimos que sean procesados, que sean llevados a juicio, y que haya una condena ejemplar, que sirva como precedente ante un contexto nacional en el cual la avanzada represiva ha tomado fuerza profundizando prácticas del terrorismo de Estado que nunca fueron erradicadas.
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