¿Quién es el ex fiscal de Rosario detenido en una causa por delitos cometidos por funcionarios públicos?
Mariano Ríos Artacho integró el MPA hasta junio de 2024, cuando renunció tras haber cumplido una suspensión de la Legislatura. Polémica por un auto incautado cedido a un comisario amigo suyo y otro vehículo que terminó en manos de un policía condenado por complicidad con Los Monos.
El ex fiscal de la unidad de Delitos Económicos y Complejos, Mariano Ríos Artacho, fue detenido este martes en el marco de al menos 14 allanamientos que ejecutó personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en una investigación que lleva adelante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, que lidera Adrián Spelta. Ríos Artacho renunció a su cargo en junio de 2024, una semana después de retomar sus actividades tras cumplir una suspensión con la que lo sancionó la Legislatura por mal desempeño de sus funciones.
Ahora, el ex fiscal que ejerce la profesión de abogado en forma particular, quedó involucrado en una causa que lleva adelante Spelta, cuya unidad depende en forma directa de la fiscal General, María Cecilia Vranicich, quien justamente fue quien investigó a Ríos Artacho en 2024 cuando ocupaba la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Si bien aún no trascendieron detalles de la investigación, el ex fiscal quedó detenido como resultado de una serie de allanamientos solicitados por Spelta que llevó adelante este martes la PFA.
Antecedentes de un fiscal
El 18 de abril de 2024 el entonces fiscal de la unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional 2da, con sede en Rosario, fue sancionado por la Asamblea Legislativa con una suspensión en su cargo por 60 días sin goce de sueldo por mal desempeño en sus funciones.
Antes, la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura había firmado un dictamen acusatorio en el que reunió pruebas y escuchó el descargo de Ríos Artacho. La investigación que involucró al ahora ex fiscal se había iniciado un año antes, en 2023, luego de que se conociera periodísticamente que un comisario acusado por un caso de abuso sexual de una cadete de la fuerza, circulaba con un automóvil marca Mercedes Benz que había sido secuestrado a un financista en otra causa judicial.
Lo polémico fue que el automóvil de alta gama, que debía estar en custodia del MPA, era utilizado por el comisario Álvaro Rosales, que cumplía funciones en la ciudad de Villa Constitución, porque se lo había cedido el fiscal.
Ríos Artacho explicó en su momento que tenía una relación de amistad de una década con el jefe policial y que tras estar en custodia de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), el automóvil fue entregado al comisario Rosales como “depositario judicial, provisorio y revocable, por el término de un año renovable para ser afectado al uso policial”.
Consultado en la Legislatura acerca de por qué no lo había entregado a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), explicó que se trató de un error. La Asamblea Legislativa lo suspendió por 60 días sin goce de sueldo por la causal de mal desempeño.
Otro vehículo y otro policía
A la vez, Artacho quedó involucrado en otro confuso episodio cuando el ex policía de Rosario Juan José Raffo, condenado cómo cómplice de la narcobanda Los Monos en el primer juicio contra la organización criminal, apareció conduciendo un Chevrolet Cruze que había sido propiedad del empleado del MPA.
El entonces fiscal explicó en su descargo que había vendido ese auto a su amigo el comisario Rosales, y aportó documental como el 08 y la gestoría que realizó la transferencia. Sin embargo, el seguro del vehículo figuraba a su nombre, ante lo cual dijo que lo mantuvo para cubrirse de eventualidades responsabilidades civiles, que en realidad cesan cuando se transfiere la propiedad del automotor.
Sin embargo, la entonces auditora Vranicich -actualmente jefa de los fiscales del MPA en toda la provincia- sostuvo en un informe que “más allá de su vínculo de amistad, el fiscal asesoraba a Álvaro Rosales en forma permanente en cuestiones atinentes a la investigación en su contra, dándole consejos técnico-jurídicos, adelantando la posible estrategia jurídica que llevaría el fiscal adjunto Caterina, incurriendo en valoraciones sobre su desempeño fiscal e incluso llegando a sugerir que se interponga un apartamiento”.
Rosales era investigado en una causa por abuso sexual de una aspirante a la policía provincial. También existen registros de viajes de Rosales y Raffo a Paraguay, que en su momento fueron investigado por otros fiscales rosarinos.
Tras la suspensión por 60 días, el fiscal Ríos Artacho retomó sus actividades pero, una semana después, a fines de junio de 2024, renunció a su cargo en el MPA y se dedicó al ejercicio liberal de la profesión de abogado. Una de sus últimas apariciones públicas fue la semana pasada, como defensor de Martín Banchero, el hombre de 55 años acusado del femicidio de su ex pareja en una farmacia del centro de Rosario, a quien mató de siete puñaladas.