Riesgo ambiental en el Paraná: la Justicia ordenó a AR Zinc medidas urgentes por el colapso de la barranca y 800 mil toneladas de residuos tóxicos

En el marco de una audiencia celebrada en la sede de los tribunales de la ciudad de San Lorenzo, la Justicia dispuso medidas de urgencia e impacto inmediato contra la empresa metalúrgica AR Zinc S.A. ante la severa crisis ambiental generada en la localidad de Fray Luis Beltrán. La resolución responde favorablemente al pedido de cese de estado antijurídico presentado por el fiscal Maximiliano Nicosia y atiende a una amenaza de alto interés público para todo el Cordón Industrial: el peligro inminente de colapso de la barranca lindera al río Paraná y la presencia de unas 800.000 toneladas de pasivo ambiental tóxico.

El magistrado Romanini resolvió ordenar a AR Zinc S.A. que inicie de inmediato las gestiones y tareas técnicas indispensables para la estabilización y apuntalamiento de la barranca, así como la contención y no dispersión del residuo tóxico del suelo.

Para garantizar el cumplimiento de la sentencia, el tribunal fijó un cronograma de exigencias estricto:

• Elección del plan de acción (10 días): La empresa deberá informar formalmente si optará por la remoción o por el tratamiento y contención de los desechos tóxicos.
• Proyecto técnico y cronograma (15 días): Se exigió la presentación de la documentación técnica detallada, el equipo profesional a cargo y un plan de ejecución que no podrá extenderse por más de 8 meses.
• Monitoreo periódico: La compañía estará obligada a presentar informes quincenales de avance, los cuales serán supervisados de forma conjunta por la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

En la audiencia participaron el fiscal Maximiliano Nicosia; el Dr. Domingo Rondina junto a su equipo en representación de la Fiscalía de Estado; y el secretario Gustavo Leonel con el equipo técnico del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial.

Una amenaza sobre el río: 800.000 toneladas de residuos y el antecedente de incumplimiento

La fundamentación de la Fiscalía enfatizó el riesgo directo que sufre la población y el ecosistema costero. La alerta climática ante el fenómeno «El Niño» pronosticado para los próximos meses vuelve crítica la situación, ya que un eventual desmoronamiento de la barranca provocaría la contaminación directa de las aguas del río Paraná.

El pasivo ambiental depositado en el predio alcanza aproximadamente las 800.000 toneladas de residuos tóxicos derivados del procesamiento de metales pesados, entre los que resalta la presencia de jarosita. Ante esta vulnerabilidad, la representación fiscal requirió asimismo el cerramiento perimetral del terreno para evitar el ingreso y la potencial afección de personas.

Este mandato judicial pone al descubierto un grave antecedente de desobediencia corporativa: la firma ya contaba con una orden del Juzgado Civil dictada en 2022 —sobre un expediente iniciado en 2020— para ejecutar las obras de consolidación de la barranca, obligación que fue omitida de forma sistemática por la empresa.