El destino de 3.000 personas está en juego. La Justicia resolvió, en una sentencia del año 2005, que el predio ubicado en Sorrento y Cullen que está usurpado desde hace años debe ser desalojado. Por distintos motivos, se fue postergando pero ahora la Compañía Santafesina de Tierras, propietarios de las 12 hectáreas pidieron que se cumpla la sentencia para disponer de ese bien.
Para definir cómo se resuelve la situación, la jueza Bertune convocó a una reunión prevista para el 15 de diciembre con distintas autoridades entre los cuales fueron convocados la intendenta, el gobernador, el secretario de Hábitat y representantes del Concejo Municipal. En esta audiencia también deberán presentarse los vecinos demandados, en un total de ocho representantes para participar de la reunión que definirá la resolución al conflicto.
La jueza de Circuito N° 5 de los Tribunales de Rosario, Stella Maris Bertune, inició el proceso de notificación a las partes convocadas para tratar de acordar una forma de evitar el desalojo de aproximadamente 3.000 personas que ocupan desde hace años el predio de 12 hectáreas ubicado en Cullen y Sorrento (Empalme Graneros) y cuyo propietario es la empresa Compañía de Tierras Santafesinas, audiencia que se realizará el 15 de diciembre. Se trata de la última instancia de diálogo antes de la fecha elegida para el desalojo, en febrero próximo.
A la reunión deberán concurrir obligatoriamente la actora con sus representantes, y la demandada; no más de ocho personas, acompañadas de su abogada patrocinante y/o apoderados.
También se convocó al Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, al gobernador o quien este designe con facultades; al Secretario de Estado de Hábitat, la intendenta de la ciudad, al Secretario de Control Urbano y Defensa Civil, al Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, al Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad y al Ministerio Público en la persona de su Defensor General representante.
En 1989 se inició una causa por la usurpación del predio, pero debido a la creciente construcción de viviendas que se dio en muy poco tiempo donde muchas familias se instalaron en el lugar y se tornó cada vez más complicada la desocupación del predio.
Por su parte, los propietarios solicitaron a través de la Justicia ejercer el derecho de disponer de las tierras. En cambio, lejos de satisfacer esa demanda, las personas que allí construyeron sus precarias viviendas, manifestaron la intención de no abandonar el lugar y a su vez la voluntad de pagar por cada lote ya que no tienen otro lugar donde ir a vivir.
Luego de diez años de dictada la medida, la situación se vuelve insostenible y el conflicto de intereses requiere de una solución. Aunque es evidente que debido a la magnitud y al impacto social que generaría un desalojo, no puede llevarse adelante la medida si no se arbitran otras para resolver la demanda habitacional que ello generaría.
Con este panorama y luego de la resolución del juez Hugo Escalante, el Concejo de Rosario se reunió con autoridades municipales, provinciales y vecinos y lograron un acuerdo luego del cual se dictó una ordenanza para tratar la expropiación de esas tierras.
Esa ordenanza nunca fue tratada en la Legislatura por lo tanto perdió estado parlamentario y el conflicto continúa. Ahora la jueza Stella Bertune debe hacer cumplir la medida y es inminente el desalojo del predio. Salvo que de la reunión del 15 de diciembre surja una solución alternativa que conforme a las partes involucradas.
