El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad fue condenado a tres años de prisión efectiva en el marco de la causa denominada Juego Clandestino.
Además, se le dictó la inhabilitación perpetua para cargos públicos por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y miembro integrante de una asociación ilícita en carácter de coautor.
En un juicio abreviado, el letrado fue encontrado culpable de conformar una asociación ilícita que administraba el juego clandestino en la ciudad de Rosario. Según la acusación, su rol dentro de la organización era garantizar la impunidad de los jefes, función de la que también se lo acusa al ex jefe de los fiscales Patricio Serjal.
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Ponce Asahad admitió su culpabilidad y brindó información clave para la causa. En tanto, sus defensores pidieron la eximición de prisión, lo que fue denegado por la jueza María Isabel Más Varela, quien homologó el juicio abreviado y ordenó la continuidad de la detención de Ponce Asahad, quien permanece en la cárcel desde julio de 2020.
La causa
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía le atribuyeron haber conformado una asociación ilícita integrada además por – al menos – Patricio Serjal, Leonardo Peiti, Nelson Ugolini (imputados), David Perona (fallecido) y Alejandro T. (condenado).
Según la causa, el objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente.
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La organización se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Gálvez y Rafaela; siendo el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores se encuentra en la ciudad de Rosario.
La organización tuvo una duración temporal que va al menos desde mediados de diciembre de 2018 hasta el 24 de julio de 2020 y sus jefes fueron Peiti y Serjal.
Así ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones, como perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.
El rol en la asociación ilícita de Ponce Asahad consistió en recibir dinero de Peiti a cambio de transmitirle por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tenerlo como sospechoso o cualquiera referida al juego ilegal.
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A mediados de diciembre de 2018 Ponce Asahad se comunicó con Peiti a fines de informarle que existían en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas. El imputado, junto a Nelson Ugolini, obstaculizó la investigación penal por juego clandestino a cargo del fiscal de Melincué Matías Merlo, que tenía como imputado a Peiti, informándole a éste que se harían allanamientos.
A sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino cuya tramitación se encontraba ante la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Ugolini creó un legajo sobre juegos de azar y se le asignó por fuera de la reglamentación vigente a Gustavo Ponce Asahad, con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar el fiscal Merlo.
Esto les permitió justificar el acceso a información vinculada a las investigaciones del fiscal Merlo. A sabiendas que Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona, por una extorsión a cambio de no dañarlo, se reunió junto a Patricio Serjal y le indicaron que no investigue los hechos.
Además, Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades, al menos desde diciembre de 2018, a los fines de recibir el dinero acordado.
