Por Florencia Vizzi

«Martín con el cuñado (Claudio Cantero) no se frecuentaba, no tenía ningún problema con él. A la persona que le pegó los tiros no lo podría reconocer, cuando escuché los disparos me agaché y tapé a mi hija y cuando me doy vuelta lo veo a este chico tirado. Esta persona no dijo nada, disparó y astilló el vidrio, por eso me impidió ver. Cuando arrancó el auto el vidrio estalló». 

Brenda Natalí Veira estaba citada como la primera testigo al inicio del juicio. Ese día fue presentado un certificado médico que daba cuenta que la mujer, pareja de Martín Paz, se encuentra en tratamiento pisquiátrico y no está en condiciones de asistir a una audiencia. A pedido de las partes, el Tribunal decidió pedir un análisis de la situación clínica de la testigo al médico forense de los Tribunales para que verifique dicha condición, la cual fue, efectivamente, verificada. Por esa razón, se decidió incorporar como prueba, la declaración testimonial prestada por Veira en la sede judicial,en la etapa de instrucción de la causa, a poco de haberse producido el homicidio del «Fantasma»

En dicha declaración, tomada el 30 de noviembre de 2012, la mujer relató que no conocía que su pareja tuviera inconvenientes con nadie ni deudas. «Martín trabajaba en la empresa de transporte Paz S.R.L, compraba y vendía autos y también prestaba plata», leyó el secretario.

«A mi no me contaba como le iba en los negocios, hacía dos o tres años que vivíamos juntos y Martín aportaba todo el dinero. Yo no sabía que se había comprado un auto. Ese día era la primera vez que me subía. Nosotros vivíamos bien, yo no sabía los montos que él ganaba. Un día fue a la casa de mi mamá con ese auto (el BMW en el que lo asesinaron) pero no me dijo que era de él. A veces venía con un auto a la mañana y con otro a la tarde, porque compraba y vendía. Era normal. Normalmente le compraba esos autos a los gitanos o a personas conocidas». En mi casa no hacía negocios ni había movimiento de gente. Las operaciones las hacía en la calle, él no tenía oficina», continuó leyendo el Secretario junto al Estrado.

«Martín tenía un cuaderno en mi casa en el que anotaba quién le debía plata. No se dónde está porque yo después del hecho no volví. Además fueron a limpiar todo. El cuaderno debería estar dónde vivíamos. Nosotros no alquilábamos, la casa era de la madre de Martín. No me comentó que tenía problemas con nadie ni que tenía deudas. El día del hecho, cuando salimos íbamos a la casa de mi mama. Antes de salir escuché que hablaba con alguien pero no se con quien», concluyó la lectura y se dio por incorporada la prueba

Las testigos ausentes

El día número 21 del juicio tuvo, como ya es costumbres, álgidos cruces entre fiscales y defensores, que parecen empeñados en medirse como en un campo de batalla. El debate de este miércoles se agudizó cuando la parte acusatoria pretendió incluir los testimonios, tomados en sede judicial, de dos mujeres, madre e hija,  que no comparecieron como testigos y que aún no ha podido ser ubicadas, pese a los esfuerzos de la fuerza pública.

Se trata de Delia Rita Caramun y Nancy Gabriela García. Ambas han sido ofrecidas por las dos partes pero, desde el comienzo, la Fiscalía se mostró altamente interesada en escucharlas en el juicio.

Sin embargo, y a pesar de los repetidos intentos comunicados oficialmente, las mujeres han desaparecido sin dejar rastro y, hasta el momento no fueron halladas. En ese sentido, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy intentó, en una maniobra poco probable, incorporar por lectura las declaraciones que ambas hicieran, oportunamente, en sede judicial.

«Han sido citadas en numerosas oportunidad con resultados negativos, hay constancia de que no han sido encontradas nos consta que al razón es porque tiene temor de venir a declarar», manifestó el funcionario. Y enfatizó que las circunstancias en las cuales se les tomó declaración a las dos mujeres «no deja lugar a dudas de su veracidad». «La prueba fue valorada en diversas circunstancias, teniendo en cuenta que se tomaron las testimoniales con control judicial, bajo juramento y explicándoles las consecuencias del falso testimonio».

En su alegato, Fernández Bussy recalcó que la «Fiscalía no es culpable de las ausencias» y que se dejó constancia por Secretaría de las particular situación de las dos personas, ya que está la constancia de que sufrieron amenazas y que «no vienen a declarar por miedo». «Esa es la cuestión clave, está el derecho de defensa pero también está el derecho de la integridad física y de la vida de estas dos personas», manifestó el fiscal.

Como era de esperar, las objeciones afloraron por doquier, y todos los abogados de la defensa se sumaron en coro. Incluso aquellos cuyas causas no se relacionan con esos testimonios. Sin embargo, consideraron un antecedente muy peligroso admitir dicha prueba.

«Las razone del fiscal no tienen ningún tipo de constancia objetiva y nuestro código prohíbe expresamente la incorporación por lectura de testimonios por la sola razón de que los declarantes no pueden ser encotrados», fue el argumento de los defensores. «En todo caso que se intensifique la búsqueda de las personas». Pero no sólo lo prohíbe nuestro código sino que hay doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que van en ese sentido».

Otro de los argumentos fue que «si existe una situación de temor, miedo o amenaza, en la legislación santafesina hay programas de protección a victimas y testigos y la Fiscalía debería haber procurado estos programas si advirtió dicho temor.

Sin dar lugar a más debates y enfrentamientos, el presidente del tribunal, Ismael Manfrín entendió que, efectivamente, la incorporación no era pertinente y denegó el pedido.