La Cámara Penal de Apelaciones aumentó la condena de un acusado de abuso sexual en Rosario de ocho a doce años, tras hacer lugar a una apelación presentada por la querella, ejercida por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) rosarino, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en representación de la víctima.

El fallo de la Cámara, integrada por los magistrados Alfredo Ivaldi Artacho, Daniel Acosta y Carina Lurati, se dio a conocer este miércoles. El acusado es el padrastro de una joven que denunció abusos sexuales de él durante toda su adolescencia. Como abogados en la causa, actuaron Martina Guirado y Valentin Hereñú, y también intervinieron la trabajadora social Cecilia Andreucci y la psicóloga Jorgelina Premoli, ya que la atención que se brinda a las víctimas de delitos en el CAJ es interdisciplinaria.

Luego de haberse realizado la investigación, el juzgado penal de sentencia Nº 5 de Rosario condenó al acusado a ocho años de prisión. Los abogados del Centro de Asistencia Judicial apelaron la resolución y lograron que la pena se elevara de ocho a doce años.

El director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Fernando Sirk Marezca, explicó: “Para fundamentar su fallo, los camaristas tuvieron en cuenta la reiteración de los hechos de abuso que había sufrido la víctima desde los 14 años, circunstancia que imposibilitaba la aplicación del mínimo previsto para el delito de abuso sexual agravado”.

“Este es un caso paradigmático para nuestra institución porque se observa con claridad la importancia de la función del CAJ a la hora de garantizar el acceso a justicia para las víctimas de delitos penales”, afirmó el funcionario.

Por último, resaltó que “de no haber sido por el pedido de la querella, y en tanto la fiscalía no había apelado la decisión de primera instancia, el abusador hubiese recibido una pena muy inferior”.

Los Centros de Asistencia Judicial se proponen garantizar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, ofreciendo contención, respuesta y acompañamiento a víctimas de delitos, así como el servicio de mediación penal. Están situados en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Tostado, Reconquista y Vera.

En cada CAJ el usuario puede solicitar respuestas para diferentes problemas en tanto víctima o testigo de un delito. De esa manera, comienza a recorrer un camino con el apoyo y asesoramiento técnico de profesionales (abogados, trabajadores sociales y psicólogos). El sistema fomenta una respuesta precoz e integral, cubriendo a las personas damnificadas por delitos y eventualmente a sus familiares y referentes próximos con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la información, la justicia y la reparación.