Por Florencia Vizzi
En una extensa audiencia preliminar, que duró más de tres horas antes de pasar a cuarto intermedio, el juez Nicolás Foppiani aceptó el requerimiento acusatorio de la Fiscalía y resolvió que la causa por la muerte de Carlos Daniel Orellano vaya a juicio. Tras una dura investigación, que en muchos momentos se vio estancada, cuatro personas fueron imputadas, un hombre y una mujer que prestaban servicio en la policía de Santa Fe y cumplían adicionales en el boliche Ming River House la noche de la desaparición del joven, en febrero de 2020, y dos guardias de seguridad privada del local. La teoría de la Fiscalía es que entre las cuatro personas arrinconaron a «Bocacha» contra la baranda y lo golpearon repetidamente provocando así que el joven se arrojara al agua y terminara ahogándose.
De acuerdo a la investigación, la madrugada del 24 de febrero de 2020 Carlos fue sacado del boliche por una guardia de seguridad. Afuera estaban los cuatro imputados, los policías Carina G. y Gabriel N. y los «patovicas», Fabian M y Emiliano L. con quienes el joven habría mantenido una fuerte discusión que terminó con los golpes y la caída al río. Un rato después de esto, no inmediatamente, Carina G. alertó al 911 y a la Prefectura Naval que había visto a una persona caer al agua. El cuerpo sin vida del joven apareció flotando dos días después, el 26 de febrero, no muy lejos de allí.
Los ejes de la acusación
Tres fueron los ejes principales sobres los que versó el debate de la audiencia preliminar: el hecho en sí, la calificacion y la participación de los imputados.
Para la acusación no hay dudas, tanto la Fiscalía como la querella, respresentada por Salvador Vera, consideraron que los empleados de seguridad (Emiliano L. y Fabián M) y los dos policías, (Carina G. y Gabril N. ) son coautores del delito de homicidio simple con dolo eventual. Además, los dos últimos también habrían incurrido en otros dos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
En cuanto al primero de los cargos, Fiscalía y querella coincidieron que una vez que el joven fue sacado del boliche, entre las 4 y las 4.30, fue agredido por los cuatro acusados, algo que habría sido corroborado por el relato de varios testigos que presenciaron la situación de violencia e incluso la caída del joven al agua, que dadas las condiciones y el lugar en el que ocurrió, los cuatro imputados mantuvieron un dominio del hecho y en ese dominio necesariamente han tenido que representarse la posibilidad de que el joven caiga en el agua y muera, y aún así continuaron con su accionar. Es por esto que se aplica la figura de «dolo eventual».
Sobre este punto, el fiscal Saldutti detalló que «el río Paraná, en ese lugar, era una trampa mortal». «Era una zona similar a un precipicio, a un vacío y lo que hicieron es obligar a Orellano a saltar a ese precipicio». El fiscal expuso que los buzos de prefectura que realizaron el rastrillaje presentaron un informe contundente en cuanto al riesgo que existe en ese lugar, «por la profundidad, la composición del fondo y las distintas viscitudes que esa zona presenta y dan cuenta que es extremadamente riesgoso sumergirse allí».
Además, remarcó que era «un sector conocido por los acusados y desconocido para la víctima». De hecho, el fiscal apuntó que la peligrosidad de la zona era conocida por ellos, ya que parte de su trabajo era controlar que quienes asistían al boliche no cruzaran la baranda en la parte trasera, algo que estaba prohibido precisamente por la peligrosidad de la zona, por lo que está claro que eran conscientes de un posible desenlace fatal.
El material probatorio de la Fiscalía está conformado por los informes técnicos de la autopsia y los estudios anatomopatológicos y los relatos de los testigos.
Según la reconstrucción de los hechos, cuando Carlos es sacado del local, tras un altercado con una guardia de seguridad privada, se dirigió a los policías que estaban afuera y comenzó a quejarse. Eso provocó la golpiza de la que dieron testimonio, entre otros, un grupo de pescadores que hacía lo suyo cerca del lugar del hecho. Todos dijeron que vieron a uno de los patovicas «como buscando a alguien». Minutos después, la mujer policía fue quien lo ubicó y dio avisó al grupo: «Acá esta». Y luego, según esos relatos, lo arrinconaron contra la baranda y lo golpearon hasta que el muchacho cayó al río. También nombraron a un testigo de identidad reservada que señaló que uno de los principales agresores era policía.
El estudio histopatológico realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el cadáver de Orellano tenía lesiones que habían sido producidas en vida. A su vez, un análisis elaborado por la Universidad de Buenos Aires detectó la presencia en el organismo de la víctima de diatomeas, las algas que aparecen cuando una persona muere ahogada en aguas como las del Paraná. El fiscal Saldutti consideró: “Estos resultados objetivos de laboratorio dotan de credibilidad a los testigos que presenciaron la caída de Orellano al agua”.
En cuanto a las pericias forenses, la Fiscalía expuso que la autopsia reveló que el cuerpo presentaba edema pulmonar compatible con asfixia por inmersión. Además citó el informe realizado por el cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia detectó focos de infiltración edemática en el cuerpo de Orellano, es decir, lesiones que le fueron provocadas cuando estaba con vida. En tanto, los estudios forenses dieron positivos para diatomeas en médula ósea y contenido gástrico, es decir algas que coinciden con las muestras de agua tomadas donde cayó el cuerpo.
En relación a los cargos que se les achaca a los policías, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el fiscal Saldutti remarcó lo ocurrido después de que «Bocacha» cayera al río Paraná.
«Orellano fue sacado del boliche entre 4 y 4.30, y el aviso a la Prefectura Naval fue a las 5.30 y al 911 a las 5.36. Por tanto, esta demora es un elemento a valorar. También valoramos el desinterés por la vida ajena dado que luego de dar aviso se retiraron del lugar», apuntó el funcionario.
También señaló que cada vez que se refirieron al hecho «dieron versiones falsas». «Dijeron que observaron a una persona acostada en el suelo y que luego desapareció como si hubiera caído al agua. Cuando los rescatistas llegaron no encontraron a los oficiales, que nunca dieron aviso al MPA y se retiraron del lugar sin documentar la actuación, lo que impidió que la Prefectura hiciera las primeras tareas de búsqueda efectiva».
Pedidos de pena
Tras exponer los argumentos, el fiscal Patricio Saldutti se refirió el pedido de penas. Para los policias Carina G. y Gabriel N. adelantó que pedirá 19 años de prisión en tanto, para los empleados de seguridad, Emiliano L. y Fabián M requerirá una pena de 17 años.
Por su parte, el representante legal de la familia, Salvador Vera coincidió en casi todos los planteos de la Fiscalía, pero argumentó que «el reproche debe ser mayor por las funciones que cumplían, tanto los patovicas como los policías , sobre todo por su función, que era velar y garantizar la seguridad del público que concurre al boliche».
«Estamos ante una actuación sobre seguro, en grupo, para someter con violencia, contra un joven solo y en estado de vulnerabilidad, en un sector que era conocido por los imputados y ajeno a la víctima y era ajeno además al público en general , pues los propios agentes se encargaban de controlar que nadie pasara por ese sector pues estaba prohibido. La acción se comete en un lugar donde la victima estaba desprotegida, sin posibilidad de pedir auxilio y los imputados actuando sobre seguro que nadie los iba a interrumpir»-
Vera apuntó que «Bocacha» era un pibe muy querido, un trabajador ejemplar, con miles de proyectos por delante que fueron truncados por este grupo de seguridad que debía cuidar su vida. «Entendemos el nivel de violencia desplegado por los agentes de seguridad, que si bien no usaron armas, usaron su grupalidad, formación y entrenamiento para aplicar violencia y causar la muerte».
Con estos considerandos, Vera solicitó 23 años para ambos policías y 20 para los patovicas.
La postura de las defensas
Tanto los defensores de los policías, los abogados Rodrigo Mazzuchini y Antonella Travesaro, como el representante legal de los guardias de seguridad, Jorge Bedouret aludieron a «una cuestión política» en relación a la causa. Recordaron que se formó una comisión de Diputados para hacer el seguimiento y señalaron que en ese mismo momento había políticos en la sala y una manifestación afuera con bombas de estruendo.
Los primeros pidieron el sobreseimiento de sus pupilos y en caso de ser negado el mismo, un cambio de calificación.
Travesaro remarcó que «la prueba científica hecha por tierra la hipótesis del homicidio, no hay golpes ni lesiones para producir la muerte, no hay signos de violencia, la causa de muerte es asfixia por sumersión». También se refirió a otro informe odontológico que dice que no hay signos de golpes en dientes y mandíbula y a un estudio histopatológico que afirma «en forma concluyente» que no existieron signos de violencia para provocar la muerte o pérdida de conocimiento». Asimismo, los estudios radiológicos no mostraron fracturas ni otros signos de violencia.
En cuanto al cambio de calificación, Mazzuchini sostuvo que no se puede hablar de homicidio. «La imputación del 8 de febrero, en la que se afirma que los acusados provocaron con su accionar que Orellano saltara al río, me obliga a pensar que es una instigación al suicidio, entonces esta seria la calificación correspondiente. Otra posible calificación jurídica más adecuada a estas circunstancias es abandono de persona seguido de muerte y esas serian las situaciones específicas que esta defensa considera que deberían corresponder».
Por su parte, Bedouret afirmó que «no hay elementos de prueba que demuestren que se ejerció violencia física sobre «Bocacha»», y aseguró que «no hay evidencia que relacione a mis defendidos con los hechos ni la forma en que sucedieron, ni hay testigos que los vean golpeando a la víctima».
El letrado también hablo de «falta de objetividad» por parte de la Fiscalía y aseveró que correspondía rechazar el requerimiento acusatorio.
Palabra del juez
Al momento de resolver, juez Nicolás Foppiani rechazó los pedidos de sobreseimiento, alegó que el cambió de calificación es algo que, en todo caso, puede debatir el Tribunal en un juicio y fue contundente al afirmar: «Quedó claro que este caso sí merece ser llevado a juicio oral».
«Hay cuestiones controvertidas muy fuertes, con gran trascendencia social y los protagonistas del hecho merecen respuestas, así como la sociedad. La mejor respuesta que el sistema penal puede dar a este caso es que se dirima la resolución que corresponda en un juicio penal. Están dadas las condiciones para admitir la acusación y ordenar la continuidad del proceso».
Resuelto esto, el magistrado ordenó un cuarto intermedio hasta el viernes de agosto para resolver sobre la revocación de medidas cautelares y ordenar el material probatorio que será llevado al debate oral y público.
