Las mujeres trabajadoras de la seguridad pública, mediante la Red de Mujeres Policías, publicaron una encuesta, con datos registrados entre junio y agosto de este año, la cual indicó que la mayoría de ellas sufrió violencia de género dentro de las instituciones policiales.
El objetivo de la iniciativa es seguir haciendo visibles con números reales las violencias por las que atraviesan, como así también una búsqueda constante de soluciones.
La institución, que lleva más de tres años trabajando, reflejó que aún falta información y les cuesta mucho llegar a diversos puntos del territorio, ya que algunas compañeras no sienten confianza en concurrir a los organismos destinados a la recepción de denuncias, y las que se animaron no han obtenido ninguna respuesta, sienten que sus denuncias se cajonean o sus causas se archivan por falta de pruebas.
Según los datos relevados, sobre un total de 137 mujeres consultadas y 128 respuestas, 89 contestaron que sufrieron violencia institucional. Entre los tipos, la predominante fue Moobing, con 56, seguida por psicológica, con 30, sexual con 18, discrinimación y maternidad con 10, simbólica con 9 y física con 1.
En torno a las denuncias (126 respuestas), 81 expresaron que no lo hicieron por vergüenza, miedo, edad o falta de recursos. Además, 29 especificaron que la causa se frenó y el archivo desconoce que pasó. También 11 lo hicieron en la policía y 3 en la Subsecretaria de Bienestar y Género, aún sin respuestas. Incluso, en cuatro ocasiones suspendieron o trasladaron a la denunciante.
Aun así, 58 mujeres indicaron que hubo cambios respecto a sus derechos dentro de la institución.
Respecto a si solicitaron licencia por violencia de género y les otorgaron los días, sobre 124 respuestas, el no fue el predominante, con 113. También hubo una trabajadora que indicó que cuando la pidió, su jefe le dijo que si sacaba ese artículo, la trasladaba.
En cuanto a la resolución de las causas, sobre 101 respuestas, 63 coincidieron que no, el si tuvo 16 adherentes y 11 correspondieron a fallos en favor del imputado y sanción a la denunciante .
Las trabajadoras manifestaron en su gran mayoría que realizaron actividades propuestas por la Red y la capacitación obligatoria de Ley Micaela.
Respecto a esto, en diálogo con Conclusión, Tania (quien prefirió no dar su apellido), vocera de la Red, expresó: «Buscamos que se reconozca específicamente esta situación en nuestro ámbito. Muchas veces se ve como esta problemática no está avalada en determinados rubros laborales, pero en el nuestro si está normalizada. Si bien nuestro trabajo es complicado, no tiene porque haber violencia de ningún tipo».
Entre los pedidos del sector, destacó: «Queremos que trate el proyecto de ley del CIPGEN (Centro Integral con Perspectiva de Género), que comenzó a implementarse por medio de Resolución del Ministerio de Seguridad N° 0898/20 y de la ex S. E.I.Y G N° 0059/20 hoy Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en fecha 20/07/2020, necesitamos este espacio de contención y asesoramiento exista por fuera de nuestros ámbitos laborales”.
