Una joven pareja de la etnia guaraní con asiento en el municipio de Salvador Mazza, al norte de la ciudad de Salta, denunció penalmente a un médico y a una partera por una supuesta mala praxis, que culminó con su bebé prematuro decapitado.
La familia oriunda de la misión guaraní de La Bendición puso en consideración pública, a través de las redes sociales, imágenes del bebé separado en dos partes, tal cual le fuera entregado, dentro de una bolsita, por los médicos en el hospital público de Tartagal.
Las informaciones sobre el caso dan cuenta que la madre del bebé Reina Natalia Velázquez, de 30 años, fue derivada desde Salvador Mazza el día martes en trabajo de parto hacia el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
A ese sanatorio público llegó acompañada por su marido, quien salió en busca de pañales y al regresar le informaron que el bebé había fallecido.
Se supo que fue la parturienta la que contó la manera brutal con la que se extrajo al bebé del canal uterino y en su relato no pudo precisar quién de las dos personas que estaban en el parto fue la que con mucha fuerza extrajo a su bebé, decapitándolo.
En su queja penal además dejan aclarado que tras el fallido nacimiento la mujer se vio sometida a otras prácticas médicas que consideró violentas ya que el resto del cuerpo de su bebé quedó en el canal uterino.
La joven mujer quedó internada pero en la mañana de este miércoles fue dada de alta.
La conmoción pública del caso hizo estallar las redes sociales pero las explicaciones tardaron mucho o demasiado.
El hospital de Tartagal, a través de sus autoridades, confirmó el hecho y la denuncia y afirmó que el caso está judicializado y que la fiscalía penal ordenó una exhaustiva autopsia.
De los datos preliminares se desprendió que la criatura pesaba apenas 700 gramos y se encontraba en la semana 22 de un embarazo normal hasta entonces.
Según lo expresó el gerente del nosocomio, José Fernández, «la cabeza del bebé prematuro quedó encajaba al momento de nacer y cuando se lo intentó extraer se produjo la decapitación. Tal situación, advirtió, es factible en casos de bebés tan prematuros».
Al ser requerido sobre la metodología, explicó que antes no se había procedido a la cesárea porque la paciente ya presentaba 11 centímetros de dilatación.
El caso inmediatamente se judicializó y en estos momentos se esperan los informes técnicos y médicos para caratular o desestimar el caso, si no hubiera dolo.
Cuando el tema ya estaba viralizado en las redes sociales, desde el Ministerio de Salud dijeron que el bebé al momento de los hechos denunciados ya se encontraba sin vida y que el criterio utilizado por los médicos era en esos momentos evitar riesgos para la madre, ya que el cuerpo sin vida de su hijo estaba eliminando toxinas que ponían su vida en peligro.
La fuente ministerial en ningún momento niega la brutalidad de los hechos denunciados.
Según una fuente de Tartagal, publica el diario El Tribuno, el cuerpo del bebé les fue entregado a sus padres y abuelos en una bolsita y fue recién allí cuando el padre de la criatura corroboró lo denunciado por su pareja.
En la bolsa color blanco la cabeza del bebé estaba desprendida del cuerpo. Según la fuente, como nadie se hacía cargo de una explicación coherente, el joven padre llevó la bolsa con los restos mortales hacia la comunidad guaraní, donde consiguieron los fondos o la factibilidad oficial para la adquisición de un féretro.
Indignación
La noticia caló hondo en las comunidades de las distintas etnias de los pueblos nativos del norte provincial.
Una fuente de una de esas comunidades denunció que es la falta de recursos humanos, tecnológicos y físicos en los hospitales de pueblos lo que genera las derivaciones de alto riesgo, sobre todo cuando se trata de integrantes de esos grupos eternamente cuasimarginados.
Y en ese contexto de indignación en la tarde de este miércoles diversos caciques de la comunidad guaraní y de otras etnias anunciaron cortes de rutas y protestas públicas, no solo por este caso sino por la falta de atención, recursos y humanidad.
