Foto: Gentileza El Ciudadano

Juan Alberto González tenía 23 años cuando fue acribillado con 12 balazos mientras esperaba en su auto a que su amigo saliera de la casa para ir a bailar. El brutal crimen tuvo lugar el 1º de abril de 2019, en Andreu al 1200, en Villa Gobernador Gálvez. La muerte de «Beto», como todos lo llamaban golpeó fuerte a la ciudad, sobre todo porque era un joven que no tenía ningún tipo de relación con el mundo del crimen y su brutal homicidio fue un absurdo error. Este lunes, los señalados por planear y perpetrar su muerte, fueron sentados en el banquillo de los acusados en el juicio que comenzó en el Centro de Justicia Penal. El fiscal Gastón Ávila pidió 35 años de prisión para el presunto tirador, Marcelo Ezequiel «Pala» G. y 32 años para el hombre que manejaba la moto desde la que lo mataron, Ariel «el Gordo» L. Además, hay una tercera persona imputada, Eliana S., en cuya casa encontraron el arma homicida. Para ella, el fiscal solicitó 4 años.

Error fatal

Aquella noche, alrededor de las 23.30,  «Beto» esperaba a su amigo Brian dentro de su Volkswagen Bora cuando una moto Yamaha YBR se le puso a la par y desde el asiento del acompañante gatillaron una docena de veces sobre el cuerpo del joven. Los testimonios recogidos, de familiares y allegados, daban cuenta de que González trabajaba 12 horas por día y no tenía ningún tipo de conexión con personas o actividades que justificaran el cruento final. Todos coincidían en que tenía que ser un error.

Con esa hipótesis trabajó la Fiscalía que, dos meses después, logró establecer que las balas que acabaron con la vida de «Beto» tenían otro destinatario: su amigo. Los investigadores encontraron «sospechoso» el silencio de Brian González y semanas después del sangriento crimen se realizó un allanamiento en su casa, donde secuestraron un arma y tres teléfonos celulares. El peritaje de los teléfonos reveló la oscura trama detrás del fatídico error.

Según se expuso en la audiencia en la que los acusados fueron imputados, Brian O, amigo de González, mantenía una relación con otro Brian, un tal «Pocha», que cumplía una condena de 20 años en Piñero desde el  2017 por tres homicidios y otras tres tentativas, y esa relación que en un principio había sido amistosa, se había convertido en una extorsión.

“Estuve viendo un par de fotos tuyas y andás con un par enemigos míos. Todo mal. Este año te voy a re explotar. Me voy a la calle y te la voy a re poner, te voy a reventar toda tu casa. Fíjate que no chamuyo. Vas a tener que pagar, si no tenés plata, poné la Tornado con todos los papeles o te mando plomo. Tengo un par de amigos y tu casa está de regalo”, había escrito el convicto en un mensaje enviado por el Messenger de Facebook. «Tengo amigos, yo te avisé», consta en uno de los mensajes que iba acompañado con la foto del frente de su casa

Brian no tenía la moto y tampoco el dinero exigido, así que bloqueó a «Pocha» y trató de guardar silencio, sin prever que ya se había puesto en marcha el engranaje que desembocaría en la muerte de su amigo.

Parte de las pruebas que condujeron a desentrañar el crimen de González fueron obtenidas en un allanamiento en el penal de Piñero, en el marco de una investigación por balaceras. Tres teléfonos fueron encontrados detrás de un inodoro y en los mismos había varios chats de whatsapp en los que se hablaba del crimen y, en uno de ellos, Marcelo G. admite el hecho. «Dicen que fue el crimen más violento por todos los impactos que hubo. Yo lo quería hacer tranquilo pero nos apuramos. Vamos a dejar pasar un mes y vamos por el otro”

Tres imputados

Con la información obtenida en ambos allanamientos y todo lo recabado en el curso de la investigación, el 3 de junio de 2019 fue detenido Marcelo «Pala» G, acusado de ser el autor de los disparos. En tanto, el 9 de agosto de ese mismo año, tras un procedimiento de las Tropas de Operaciones Especiales, en zona de Ayacucho y Estados de Israel fueron detenidos Ariel «el Gordo» L., señalado por manejar la moto, y su pareja Eliana S. a quien acusaron por ocultar el arma homicida. En su casa había además otras tres armas y una decena de municiones.

En su alegato de apertura, el  fiscal Gastón Ávila presentó el caso como “un claro ejemplo de cómo operan las bandas criminales que se financian con la venta de estupefacientes” que “cuando algo o alguien no les gusta proceden a la violencia, armada, letal y sin miramientos” y solicitó 35 años de prisión para Marcelo Ezequiel G., 32 para Ariel L. y 4 para Eliana S.