El Ministerio Público de Acusación (MPA) instalará una aplicación en los teléfonos celulares de aquellas personas que incumplieron el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, con el fin de que permanezcan en sus hogares y puedan ser localizadas en caso de que intenten violar lo establecido.
«La finalidad es posibilitar el efectivo control del cumplimiento del aislamiento dispuesto por la autoridad judicial», explicó la funcionaria de la Fiscalía General, Marina Pieretti, tras indicar que «a partir de ahora se le informará a la persona (investigada) sobre los alcances y consecuencias del control que se realizará por medio de la aplicación que se instalará en su terminal móvil y no podrán borrar».
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Asimismo, detalló que «en el documento que deberá firmar, la persona reconocerá que fue informada de que en caso de violar el aislamiento -ya sea por abandonar el lugar o por impedir a las autoridades su localización en tiempo real-, será pasible de la pena de seis meses a dos años de prisión que establece el artículo 205 del Código Penal«.
Y aclaró que será blanco de la misma sanción «en caso de borrar, desinstalar o desactivar la aplicación o si realizara cualquier maniobra que impida su correcto funcionamiento» al tiempo que resaltó: «Con esta medida, se busca optimizar el uso de los recursos. Se utiliza la tecnología para el control y se desafecta al personal policial que hoy está controlando los domicilios de esas personas«.
Además, Pieretti precisó que «los operativos para la implantación de la aplicación se hará para casos de incumplimiento que se detecten en las ciudades de Santa Fe y en Rosario, en principio con orden de los fiscales a cargo de las Unidades Fiscales creadas Ad Hoc».
Finalmente puntualizó que «la instalación de la aplicación en los teléfonos celulares estará a cargo de personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), mientras que el Organismo de Investigaciones del MPA tendrá a su cargo el control y monitoreo de los reportes que efectúe la aplicación, coordinado todo desde la Fiscalía General».
