Mujer en vulnerabilidad extrema interrumpió su embarazo y la acusan de homicidio

Por Florencia Vizzi

El pasado 2 de noviembre, una mujer de 36 años quedó detenida en prisión preventiva, acusada de homicidio calificado tras haber intentado interrumpir voluntariamente el embarazo que estaba cursando. Además, fue imputado en la misma causa un vecino a quien señalan por haberla ayudado. Según el detalle que realizó la abogada defensora de la imputada, Florencia Chaumet, la pena en expectativa para el delito que se le imputa es cadena perpetua, algo impensado en un país donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal y en una provincia que ha hecho escuela en la garantía de dicho derecho.

La semana pasada, los portales de noticias se poblaron de macabros datos sobre dos fetos encontrados en el jardín de una casa de Cañada de Gómez. Esos titulares también se nutrieron de datos difundidos por el Ministerio Público de la Acusación, en forma apresurada sin confirmación, y en algunos casos, erróneos, como que los fetos habían nacido con vida tras un embarazo de 30 semanas y que habían sido enterrados.

De lo que no se habló en casi ningún lado es de lo que en realidad ocurrió, una mujer en situación de extrema vulnerabilidad, desocupada, y con largo y grave historial de consumos problemáticos, que cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, sin conocer la edad gestacional, decidió interrumpir ese embarazo (tomó pastillas para hacerlo) por no sentirse en condiciones de hacerse cargo de otro hijo. De hecho, tiene cuatro hijos que puso al cuidado de sus familiares ya que ella no puede ocuparse de ellos.

La extrema mediatización de determinadas situaciones sociales que, en aras de conseguir titulares sensacionalistas que garanticen muchos clics en los portales de noticias construyen relatos que van acordes al morbo colectivo pero que, generalmente, se alejan mucho de la realidad, cimentan así una suerte de realidad alternativa que nada tiene que ver con lo fáctico. Podría decirse que es un mal de estos tiempos, en los que todo se dirime vía Twitter o Instagram, pero es necesario decir entonces, que los estamentos del Estado tienen el deber de escapar a esas lógicas y hacer valer las leyes que, cada vez más, parecen no ser iguales para todos.

La imputación que hizo la fiscal Gabriela Lescano sorprendió sobremanera a la Defensa, ya que en primera instancia, se trataba de una orden de detención por un aborto fuera de término. “Lo primero que tengo para señalar es que se trata de una mujer que está en situación de extrema vulnerabilidad, con un contexto muy grave de consumos problemáticos. Al momento de su detención estaba con una crisis de salud, en estado puerperal y tuvo que ser internada porque tenía una importante infección”, detalló a Conclusión, Florencia Chaumet.

En ese escenario es cuando se produce “una supuesta confesión espontánea”, remarca la letrada. “Y se produce estando bajo custodia y sin asesoramiento técnico. Sin perjuicio de esto, la imputación que hizo la fiscal del Ministerio Público de la Acusación se basa en los dichos supuestos que le habría dicho a una amiga a quien ella le había manifestado su voluntad de interrumpir el embarazo, y después finalmente, según los dichos de la fiscal, le manda mensaje a esta amiga para informarle que ya lo había hecho”.

Así es como se comienza con esta investigación y se allana el domicilio en busca de los cuerpos que terminan siendo encontrados a raíz de esta confesión que, según la abogada defensora, es ilegal. “De todos modos, reconoció Chaumet, el juez Álvaro Campos rechazó este planteo porque consideró que había un curso de investigación alternativo y por eso se llega al domicilio del vecino donde fueron encontrados los fetos”.

En ese punto se detuvo la abogada defensora, para aclarar que, hasta el momento, los informes preliminares de las autopsias no determinaron la causa de muerte, a pesar de que en diversos medios se publicaron otras versiones. Por el momento se esperan los resultados de las pericias forenses: relevamientos complementarios, vistas fotográficas, huellas, placas radiográficas, sangre para exámenes toxicológicos y muestras para anatomía patológica”.

De interrupción del embarazo a homicidio calificado

“Nos vimos sumamente sorprendidos en el momento de la audiencia, al escuchar la calificación que le imputó la fiscal”, remarcó Chaumet. “En principio se trataba de una causa de aborto y el homicidio calificado no se desprende de ninguna forma de la atribución de los hechos, ya que el MPA le atribuye haber interrumpido el embarazo con alguna sustancia y después le atribuye un homicidio”.

Chaumet subraya que más allá de que hubieran nacido o no con vida, lo que aún no está determinado, de la atribución de la fiscal se desprendería que la muerte se produce por una maniobra abortiva y no por un homicidio”. “Pero, de todos modos, insistió Chaumet, en el informe preliminar de la autopsia de los fetos, dice causa de muerte indeterminada y así lo mencionó la fiscal”.

Estado ausente, punitivismo presente

La ley de interrupción voluntaria del embarazo contempla que se trata de un derecho que tienen que garantizar las instituciones de salud. “Esa ley reforma el Código Penal y establece que el aborto no es delito cuando hay consentimiento de la mujer y tampoco hay delito si se realiza de manera voluntaria hasta la semana 14 de gestación o excepcionalmente después de esa semana, si es producto de una violación o si corriese riego de vida o la salud de manera integral de la mujer”.

Chaumet remarca integral y señala que ese es un punto fundamental, la salud integral.  “Hay todo un procedimiento que el Estado debería garantizar y debería investigarse por qué se llega a este límite, con una mujer que pone en riesgo su propia vida para interrumpir un embarazo de esta manera. Por eso queremos saber si efectivamente se garantiza este derecho en la localidad de Cañada de Gómez, por ejemplo”.

Pero más allá de esta discusión, la letrada señala que, de entrada “no tenemos la edad gestacional de los fetos, no tenemos la certeza de si nacieron con vida, no tenemos ni siquiera el peso que tuvieron, lo único que tenemos es una foto que ella misma le había mandado a su amiga pidiendo auxilio y la amiga va y la denuncia en la comisaría… a ese límite, de ese nivel de vulnerabilidad estamos hablando, de una persona que no solamente no puede recurrir a una institución médica, sino que no puede recurrir ni a su propia amiga”, remarcó Chaumet.

En esa misma línea, la abogada enfatiza que como Defensa, no solamente cuestionan la calificación de homicidio, sino que se trate de un aborto punible. “ A todo lo que ya se dijo sobre su situación, estamos hablando de una mujer que no tenía la menor idea de cual era la edad gestacional del feto, por eso cuestionamos incluso que se hable de aborto punible, aunque aún faltan pruebas para decir si fue ella la que lo provocó. Pero, desde lo subjetivo, el dolo, que haya un aborto punible, porque no tenía la certeza de la edad gestacional”.

El cuestionamiento de la Defensa es entonces mucho más amplio, ya que apuntan que el Estado siempre estuvo ausente en la vida de esta mujer. “Tuvo cinco partos anteriores y no tiene ni una ecografía, no está con sus cuatro hijes menores de edad y no hubo intervención de trabajadores sociales, ni juzgado de familia, ni nada, tiene una grave situación de consumos problemáticos… y la única aparición que hace ahora el Estado es para criminalizarla y encarcelarla, nos parece que es un gran llamado de atención”.

Chaumet señala que además se le imputa homicidio calificado con calificaciones claramente erróneas. “El juez las admitió con algunos reparos, porque la calificación es homicidio agravado por haber sido cometido por un medio que pone en peligro común a otras personas”, apunta Chaumet pero aclara que “no hay elementos sobre esto”. “No sabemos que es lo que tomó, no hay ningún hallazgo, por eso entendemos que todo esto fue muy prematuro, encarcelarla, imputarla y más aún por homicidio”.

El otro imputado

Otro punto oscuro dentro del accionar del MPA son los cargos que se le achacan al vecino de D. T, quien también quedó detenido en prisión preventiva.

Chaumet explicó que se formuló un pedido de aclaración a la fiscal Lescano porque entiende que se le vulneró el derecho a la defensa porque no se dice claramente que es lo que se supone que hizo este vecino que también fue imputado. “En la audiencia, la fiscal dice que colaboró, porque ella no lo podría haber hecho sola, pero no queda en claro en qué colaboró”.

Según relató la abogada, cuando la mujer estaba internada y bajo custodia, le dijo a la policía que los cuerpos estaban en la casa del vecino. “En este punto la fiscal dice que no van por eso, sino porque estaban revisando las casas de la zona. Sea por lo que haya sido van y él mismo les autoriza el ingreso, les dice que al patio se entra por un pasillo al cual tiene acceso cualquiera desde la calle, que D. T. es amiga de la infancia y les da libre acceso a su casa para que la revisen”.

En primer lugar, Chaumet señaló que los fetos no estaban enterrados. “No sabemos por qué la fiscal dijo eso”, apuntó. “Debajo de una loza, en una bolsa, encontraron la placenta y envueltos en una campera, los fetos”, detalló.

Cuando el hombre presenció esa escena, se descompensó y hubo que internarlo. “Es un paciente cardíaco con una delicadísima situación de salud. De hecho, nosotros nos enteramos de las dos detenciones con las dos personas internadas. Por eso pedimos una revisión médica inmediata”.

Con todos estos elementos, nosotros formulamos un pedido de aclaración a la fiscal porque entendemos que se vulneró el derecho de la defensa, porque no se dice claramente que es lo que se supone que hizo el vecino. La imputación dice que colaboró, la fiscal en la audiencia dijo que colaboró, pero en concreto, pruebas de esa colaboración no hay”, remarcó la letrada.

Chaumet indicó a este medio que se encuentran preparando el recurso de apelación y se esperan resultados de otras medidas forenses. E insistió: “No se está atribuyendo correctamente este supuesto homicidio calificado, mucho menos en relación al coimputado, que no se describe que haya hecho nada, más allá de que los cuerpos se encontraron en el patio de su casa. También se tomó ADN y se solicitó historia clínica que es lo que no hay porque no hubo exámenes previos ni seguimiento del embarazo”.

En tanto, desde el Servicio Público Provincial de la Defensa emitieron un comunicado institucional titulado “Insólita pretensión punitiva en un hecho atravesado por la más extrema vulnerabilidad”.

En el mismo, remarca que es «preocupante el irracional modelo punitivista implementado por distintas agencias (actores) estatales que tiende a criminalizar y revictimizar, en casos como este, a las mujeres más vulnerables económica y socialmente, quienes por falta de acceso a la salud pública realizan prácticas inseguras y clandestinas». Cabe destacare por su ausencia, la falta de contención y acciones sociales que impliquen una alternativa a las meramente punitivas”.