El presidente del Colegio de Magistrados, Gustavo Salvador salió a responder los dichos del ministro de Seguridad sobre los menores en conflicto con la ley penal. Maximiliano Pullaro, en una entrevista con La Capital, expresó su preocupación por «la cantidad de menores que delinquen y enseguida son entregados a sus padres», y criticó a la Justicia provincial al considerar que «es la mejor paga de la Argentina, entonces tienen que trabajar y tener responsabilidad social. No alcanza con que vayan a tres audiencias por semana y que sólo sean no más de una decena de fiscales los que tiran para adelante. Tienen que trabajar, cobran salarios altísimos y tienen sesenta días de vacaciones por año», aseguró, y al mismo tiempo agregó que «no puede ser que sean no más de diez los fiscales que trabajan. Acá hay delitos que la Justicia no persigue, el sistema es ineficiente, no ven las luces de alerta y luego llega el problema de seguridad pública», destacó.
De acuerdo a la apreciaciones del ministro Pullaro la única respuesta al problema de menores en conflicto con la ley penal debe ser punitiva. Salvador sostiene que se debe afrontar la cuestión desde el Estado de forma integral, atendiendo la cuestión social y educativa.
En respuesta a la «preocupación» del ministro de Seguridad, el presidente del Colegio de Magistrados, Gustavo Salvador respondió con argumentos legales y aseguró que «nos preocupa estas reiteradas declaraciones del ministro de seguridad de la provincia porque pareciera que intenta desviar el eje de la información cada vez que tiene alguna inconveniencia con algún sector al cual él tiene bajo su órbita».
En esos casos, Pullaro «no tiene mejor idea que desviar la atención hacia el Poder Judicial y hacia los operadores del sistema de Justicia la cuestión de la responsabilidad de los menores frente a las conductas delictuales», expresó Salvador, y agregó que los menores en conflicto con la ley penal «es un tema muy complejo en donde nosotros consideramos que la respuesta que debe brindar el Estado, en el último término tiene que ser la respuesta penal, la respuesta punitiva. Tiene que haber un abordaje interdisciplinario de la cuestión minoril antes de que el menor cometa algún delito».
De esta manera, enfatizó sobre el trabajo de prevención que es potestad del Poder Ejecutivo con políticas concretas, porque «tal vez lo que debemos replantearnos es que si por esa falta de abordaje en las instancias previas no se incurre en conductas delictuales, que es la que luego tenemos que hacernos cargo desde el Poder Judicial y que no le quepa la menor duda de que el poder judicial se hace cargo de analizar la responsabilidad de las personas menores de edad», explicó Salvador.
Respecto del incremento en hechos delictivos por parte de menores de edad, que mencionó Pullaro, el presidente de los jueces dijo que «el incremento de hechos delictivos que se puede visualizar a través de las mediciones no es algo que nos corresponde a nosotros. Los jueces tenemos que estar sujetos a la normativa que regula cuál es el abordaje desde el punto de vista del derecho penal que se dar a las cuestiones de menores».
Por otra parte citó la legislación vigente en cuanto al tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal: «Nuestro país, nuestra provincia suscribe o está obligado a respetar pactos internacionales y convenciones internacionales que aluden al tema de la minoría de edad, con lo cual los operadores del sistema de Justicia no pueden desconocerlo. Que haya un incremento en cuestiones delictuales respecto de menores es algo que al Poder Judicial solamente le llega al momento de ser juzgado. Pero no en tratar de evitar ese incurrir en un delito donde hay cuestiones que hacen al nivel social, a la cuestión educativa, a la cuestión de inclusión que son materias propias de otros poderes del Estado y que no incumben al Poder Judicial».
No es la primera vez que el ministro Pullaro realiza declaraciones alejadas de la ley, en el caso del homicidio del joven Juan Cruz Ibáñez alentó la posibilidad de que el acusado de cometer el asesinato, un menor de 17 años, sea juzgado como mayor y que debían condenarlo a prisión perpetua, respecto de aquellas declaraciones, el presidente del Colegio de Jueces aseguró que «el ministro lo que hace es desconocer la normativa vigente. El Poder Judicial se rige por normas que no elabora el Poder Judicial, sino otro de los poderes del Estado, el legislativo». En ese sentido, explicó que «hay una ley nacional que regula la responsabilidad penal de las personas menores de edad y es una ley que emana del Congreso, hay normas a nivel provincial que regulan cuál es el proceso que se debe seguir ante menores que incurren en la comisión de un delito. Nada de eso forma parte de las facultades que tiene el Poder Judicial. En el caso puntual de Juan Cruz Ibáñez el sujeto está siendo sometido a un proceso dentro de los parámetros procesales que rigen en la provincia de Santa Fe hay una ley que modifica el código de procedimiento en materia de régimen penal de la juventud pero que está en la Legislatura todavía y no fue sancionada, razón por la cual el Poder Judicial no tiene otra vía de abordaje que no sea la que está prevista en las leyes».
En relación a la baja de la edad de imputabilidad, a la cual Pullaro dijo no estar de acuerdo, Salvador expresó que «en esta cuestión hay opiniones encontradas, no es que haya una uniformidad en que se considere de que bajar la edad en que los menores pueden asumir responsabilidad penal sea una forma de solucionar el problema. Creo que lo que tiene que haber por parte de los otros estamentos del Estado, desde el punto de vista de la inclusión, de la cuestión social, en la cuestión educativa donde se debe hacer un hincapié mayor antes de ver la posibilidad de una respuesta punitiva a la comisión de un delito por parte de menores de edad. Porque cuando ya llegamos a que el menor cometió el delito, las posibles salidas se reducen enormemente».
Puntualmente, sobre los dichos del ministro Pullaro, Salvador expresó que «las opiniones que puedan vertir quienes representan a otros poderes del Estado corren por su cuenta. Lo que puedo decir es que lo que deberían hacerse son los compromisos y las responsabilidades propias que le corresponden a cada uno, para que si consideran de que esto debe modificarse concurran o se hagan cargo en las instancias que correspondan, legislativas, ejecutivas, de abordar la problemática y darle un punto de partida a ese abordaje y luego que dentro de los ámbitos en donde se deben dirimir esas opiniones se llegue a una definición. «No corresponde al Poder Judicial encontrar esas definiciones normativas sino a otros poderes del Estado».
Por otra parte, expresó que «estamos siempre dispuestos a las reuniones y de hecho hemos interactuado con los distintos ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo y también con El Poder Legislativo de hecho en la referencia al código procesal de la justicia penal juvenil, el colegio de magistrados interviene en lo que es la confección, la organización de trabajos previos. Hemos estado interviniendo también en las juntas de seguridad, pero por una cuestión de que consideramos que es a través del diálogo institucional y no por los medios de comunicación, que deben ser abordadas estas problemáticas. De nada soluciona salir a hacer declaraciones rimbombantes en los diarios y después no hacerse cargo de lo que nos corresponde», concluyó.
