La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó, en un fallo dividido, revisar una decisión de la Cámara de Apelaciones de Rosario que revocó el sobreseimiento de Víctor Hugo Rodríguez, exjefe de inteligencia durante la última dictadura cívico militar, imputado por el secuestro, torturas y asesinatos de los dirigentes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, capturados en 1983 por un grupo de tareas en Rosario.

Con los votos de los jueces Carlos Mahiques y Liliana Catucci, y la disidencia de Alejandro Slokar, la Sala I resolvió además absolver por esos hechos a Rodolfo Jorge Rodríguez, Walter Salvador Dionisio Pagano; Juan Andrés Cabrera; Ariel Antonio López y Carlos Antonio Sfulcini.

Según un fallo, el Tribunal también dispuso rechazar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal de Rosario y absolvió también a Luis Américo Muñoz, ex subjefe del Destacamento de Inteligencia 121.

En cambio, con los votos de Alejandro Slokar y Catucci, la Sala ratificó la condena al jerarca de la inteligencia de la última dictadura Pascual Guerrieri por los delitos de lesa humanidad que sufrieron Cambiasso y Pereyra Rossi.

Slokar expresó su disidencia, propugnando la revocación de las absoluciones de los acusados, al entender que la sentencia resultaba “arbitraria”, mientras que Mahiques y Catucci hicieron lugar al planteo de Víctor Hugo Rodríguez, entonces capitán del Ejército, y de este modo, revisarán la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que revocó su sobreseimiento por estos mismos hechos.

“La decisión que se cuestiona no puede ser impugnada por la vía del recurso” e insistió que el “imperativo internacional de agilidad y eficacia podría verse comprometido si se soslaya que las actuaciones se encontraban ya transitando la etapa intermedia y, en consecuencia, las alegaciones de la defensa podrían reeditarse eventualmente durante el debate, etapa esencial del proceso en la que cobra plena vigencia el principio contradictorio», señaló Slokar en su voto en disidencia.

El magistrado indicó además que “el Estado Argentino tiene la obligación de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio” y que “este compromiso internacional presupone no solo que el Estado no pueda oponer normas internas que obstaculicen el enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables».

Los dirigentes peronistas Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, en las postrimerías de la dictadura, en el Bar “Magnum” de la ciudad, a la vista de múltiples testigos. Luego de ser torturados en un galpón en el que operaba el Destacamento de Inteligencia 121, los entregaron a una patrulla del Comando Radioeléctrico de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, que los ejecutó simulando un falso enfrentamiento.

Los cuerpos aparecieron en un camino de tierra de la localidad bonaerense de Lima y por estos hechos fue condenado el excomisario e exintendente de Escobar Luis Abelardo Patti.