El allanamiento a un estudio jurídico ubicado en pleno centro de Rosario, que terminó con un abogado detenido, en el marco de una investigación por estafa y extorsión, tuvo su capítulo judicial este jueves cuando el letrado, Ricardo M., junto a otra persona detenida por la misma causa, fue imputado. El delito que se le atribuye es el de extorsión, en calidad de partícipe secundario, en tanto que, al otro imputado, Milton O., se le achacan los delitos de usura, amenazas y extorsión.

Los tres allanamientos requeridos por la fiscal Viviana O’Connell, en los cuales fueron apresados los acusados, fueron realizados el pasado miércoles. Según lo expuesto en la audiencia imputativa por la funcionaria judicial, todo comenzó el 21 de febrero de este año, cuando la víctima, por recomendación de otra persona, se comunicó con Milton O., para solicitarle un préstamo de 6.000 dólares. El imputado le entregó el dinero al día siguiente, previa firma de un pagaré, y pactaron que la devolución debía hacerse tres semanas después, el 15 de marzo, por un total de 6.900 dólares.

El día pactado, ante la imposibilidad de reunir el dinero, la víctima se comunicó con el prestamista para refinanciar la deuda, y el mismo le extendió el plazo hasta el 8 de abril pero esta vez, la víctima debería devolver 8.868 dólares. Sin embargo, ese día no se concretó el pago y los imputados extendieron un nuevo pagaré por un monto de 9.300 dólares. Sin embargo, no devolvieron ni anularon el anterior.

Días después, Milton O, comenzó a enviarle una serie de amenazas por WhatsApp y acordaron encontrarse en el estudio jurídico del abogado, ubicado en Urquiza al 1300 y allí le exigieron que firmara un contrato de mutuo acuerdo y un boleto de compraventa para entregarles una cochera de su propiedad a cambio de la deuda final exigida, un total de 16.200 dólares. Ante la negativa de la víctima, los imputados efectuaron una serie de amenazas e intimidaciones para lograr que el hombre accediera.

La jueza de Primera Instancia, María Trinidad Chiabrera dictó prisión preventiva efectiva para Milton O., en tanto que Ricardo M., tras llegar a un acuerdo de partes, consiguió una morigeración de la medida cautelar y deberá pagar una caución de 200.000 pesos. Además se le prohibió salir del país y acercarse a la víctima.